La Consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, ha comparecido en rueda de prensa para explicar las consecuencias que la decisión adoptada por el Gobierno de España para el cierre presupuestario tendrá en Extremadura, una «región intervenida por el Gobierno de España desde hace un año» y sin olvidar que España «está intervenida por la Unión Europea».
Blanco Morales ha destacado que la Unión Europea abrió en Junio y Julio un procedimiento por el incumplimiento de estabilidad presupuestaria de España y «aún no se ha cumplido», con esta decisión se reitera la «lealtad y compromiso con Gobierno de España», algo que » otros que han olvidado», en alusión al Partido Popular, quienes han incumplido durante los 5 años de mandato de Mariano Rajoy, al igual que Monago en Extremadura. Ante esta situación destacó que el compromiso de la Junta de Extremadura es cumplir «con flexibilidad y sin comprometer gastos en políticas sociales que se han visto incrementados en este año».
Según la consejera, el 28 de julio se recibió en la Junta de Extremadura, así como en otras 15 Comunidades Autónomas, un escrito para exigir que antes de 5 de Septiembre se cerrará el presupuesto, siendo el 13 de junio cuando lo cerró España, manteniendo una retención de crédito de más de 2.000 Millones de Euros, una decisión con incidencia en Extremadura a la que ahora se le exige el cumplimiento
La primera exigencia, según Pilar Blanco Morales, se concreta en la orden de cierre presupuestario que se publica el 31 de agosto como cumplimiento para la exigencia de Ministerio de Hacienda. Una orden que «no compromete el gasto social, ni sociosanitario, ni las políticas sociales en educación, sanidad y dependencia. En segundo lugar tampoco afecta al gasto financiero con fondos europeos ni con las transferencias del Estado, cuando venga por orden de retención de crédito».
La orden «afecta a lo financiado con recursos propios, es un esfuerzo de ahorro con recursos propios y que entendemos necesario para cumplir», destacó la Consejera, recordando que está exento la inversión con fondos europeos y la escasa financiación del Estado.
La Junta pidió que las exigencias del Ministerio se prorrogasen hasta 15 de septiembre y ha sido aceptado por el Ministerio, por ello ha pedido una comparecencia en la Asamblea de Extremadura para explicar «las medidas que hemos tenido que adoptar para la colaboración con el Ministerio de Hacienda».
La Junta está cumpliendo, recuerda que el periodo medio de pago a proveedores, en Julio el «plazo medio está en 17 días, y nuestro compromiso siempre con la ayuda de Gobierno de la Nación es seguir cumpliendo». Pero insisten en la necesidad de marcar un objetivo de cumplimiento diferenciado de déficit, más flexible y al menos del mismo plazo con el que cuenta el Estado
Por ello además, es necesario que el Gobierno «facilite el techo de gasto, la fijación de objetivo de déficit que legalmente está en el 0.3 % para 2015 y necesitamos saber las cantidades que vamos a recibir del Estado para elaborar los presupuestos, cosas que un gobierno en funciones puede llevar al Parlamento que no está en funciones». Pero en este momento, el Gobierno «está sustrayendo su responsabilidad con las Comunidades Autónomas y con el Parlamento».
A preguntas sobre las reacciones mostradas por los Sindicatos y por la Patronal destacó en Abril, el Ministro de Economía, De Guindos, ya envío una documentación a la Unión Europea sobre los planes del Gobierno para cumplir con la UE, recortes y retención de crédito por más de 2.000 Millones de Euros, y eso afecta a Extremadura porque «no van a llegar fondos del Estado».
En este escenario «la situación económica de este país es la que es y no podemos cerrar los ojos», porque además hay una situación preocupante con las pensiones, donde hubo un «gasto récord en Agosto, se vacía caja de las pensiones y nadie habla de ello». Por ello solicita que se abra un proceso de reflexión para abordar reformas para una financiación justa y no medidas electoralistas.
Sobre cómo afectará esta decisión a las pymes y ciudadanos, recordó que todo lo que esté financiado a través de los fondos europeos (FEDER, FEOGA o fondo social) no está afectado, como es el caso de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria, que se van a invertir y ejecutar. Sobre las Pymes que contratan con la Administración, tranquilizó diciendo que «todos aquellos contratos que ya están en tramitación tampoco se verán afectados, porque la orden de cierre sólo afecta al gasto corriente financiado con fondos propios de la Comunidad. No afecta a la sanidad, ni educación, ni dependencia, ni al normal funcionamiento de los servicios públicos», insistiendo en que «no se puede hacer demagogia» porque «está en juego que Bruselas no congeles los fondos a España porque ha incumplido».