El PP presentará enmienda a la totalidad a la Ley de Emergencia Social extremeña por considerarla inconstitucional

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura presentará una enmienda a la totalidad a la Ley de Emergencia Social de la comunidad que se tramita en la cámara legislativa regional, por considerar que el texto de la misma es «inconstitucional».

Tras afirmar que «no cabe la menor duda» de que su grupo presentará una enmienda a la totalidad que el texto «pide a voces», el portavoz del PP en la Asamblea en materia de Vivienda, Saturnino López, ha señalado también que «en principio» su partido no realizará «aportes» para la corrección de la ley, que es un «descarado copia y pega» de un decreto andaluz.

De esta materia, en rueda de prensa, López ha afirmado que la aprobación de la citada ley «ve luz un año más tarde de lo previsto», así como que ha entrado en la Asamblea «un año y tres meses más tarde de lo previsto inicialmente».

Además, ha señalado que dicha ley es un «descarado corta y pega» del Decreto Ley andaluz de Medidas para asegurar la función social de la vivienda, «a pesar» de las recomendaciones del Consejo de Estado «emitidas» para el citado decreto, que «vuelven a emitirse» para el texto extremeño.

Al respecto, ha declarado que la Junta ha hecho «caso omiso» de «esas recomendaciones», y ha elaborado una «ley con los mismos defectos según el propio Consejo de Estado».

«Una ley que contempla la expropiación a bancos» de las viviendas desahuciadas, «al igual» que el decreto andaluz, por lo que el Partido Popular «da por hecho» que será «recurrida» por el Gobierno Central, que será «suspendida cautelarmente», y que «al final» será «declarada inconstitucional».

Asimismo, López ha resaltado que «al gobierno de Vara poco le importa esto», ya que «le importa más el ruido mediático» y «enfrentarse» al Ejecutivo central, así como «legislar a golpe de efecto» y de «populismo», que «efectuar los cambios necesarios», para que la ley sea «constitucionalmente válida» y «resuelva los problemas de los desahuciados».

De esta forma, ha advertido de la «clara estrategia populista y podemizante» de la Junta, porque «interesa mucho más el enfrentamiento con el Gobierno central» y la «generación de problemas dónde no los había», que la «resolución» de la «lacra social que son los desahucios».

López ha vaticinado que esta ley permanecerá en el «limbo», y que la Junta culpará de ello al Gobierno, por lo que ha «seguirá habiendo desahucios», ya que no están haciendo «lo necesario para cambiar los aspectos inconstitucionales» del texto.

RED DE OFICINAS DE INTERVENCIÓN BANCARIA

Por otro lado, Saturnino López ha hecho referencia a la Red de Oficinas de Intervención Bancaria «para mediar» en los procesos de desahucios, y ha recordado que la Junta «siempre ha dicho» que estaría compuesta por «24 oficinas», dependientes de otras «cuatro centrales», ubicadas en las ciudades «más importantes» de la región.

Así, ha recordado que «todas» ellas «iban a estar bajo la supervisión de un coordinador general», y que su «presupuesto inicial» se ha recortado «enormemente», al pasar de «1.200.000 euros a 400.000 euros».

El ‘popular’ ha señalado que de esta cifra, 320.000 euros «están autorizados», «a fecha de la entrega del informe de ejecución presupuestaria», sin embargo, de «esos 400.000 euros, cero han sido destinados al reconocimiento de obligaciones» y «a pagos».

Tras estos datos, ha mencionado «que no se ha hecho absolutamente nada» en la Red de Oficinas de Intermediación Bancaria, «y si se ha hecho algo», «no se ha visto todavía reflejado» en el presupuesto.

Igualmente, López ha destacado que «no consta» que «haya convenios firmados» con mancomunidades, ayuntamientos o las diputaciones, para «ceder los espacios» donde desarrollar las labores de estas oficinas.

En cuanto al personal de dicha Red, el portavoz del PP ha afirmado que no tienen conocimiento de «convenios con la Universidad de Extremadura o los colegios profesionales» para otorgar becas.

Por estos motivos, López ha asegurado que «a estas alturas lo único» que tiene la Red es «recortes de presupuestos», ya que «no consta» algún convenio con administraciones extremeñas para tener «espacios donde poder trabajar», ni «si realmente se ha contratado» el personal.

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA

Seguidamente, ha señalado que la Junta ha vendido «por fascículos» el Observatorio de la Vivienda en la región, como «herramienta complementaria» a la Ley de Emergencia Sanitaria.

En esta línea, ha recordado las palabras del consejero de Sanidad, José María Vergeles, que según López ha declarado que dicho observatorio «era para gestionar coherentemente el parque de viviendas de la Junta» y «para obtener información fiable y actualizada de los inmuebles».

De este modo, López ha mencionado que el observatorio «también ha sufrido un recorte fortísimo», ya que contaba con «600.000 euros» en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma, y se ha pasado a «320.000 euros», de los cuales, «según el informe de ejecución de la Red de Intermediación» también hay «cero euros en reconocimiento de obligaciones y pagos».

VARA «HA VUELTO A LAS ANDADAS»

Al respecto, ha incidido en que en Extremadura hay un Observatorio de la Vivienda que ha sufrido «recortes», que «no» tiene ubicación y que «encima el presupuesto demuestra» que con él «no se está haciendo nada».

En este sentido, el ‘popular’ ha destacado que tanto la «gestión» de la Red del Intermediación Bancaria como del Observatorio de la Vivienda, «han sido adjudicados a la empresa pública Givesa», que ha «externalizado» los procesos de selección del personal.

Asimismo, López ha explicado que «desgraciadamente» el Gobierno de Vara «ha vuelto a las andadas» y está «dando cobijo y refugio» a exalcaldes, exconcejales y exdiputados «que no tuvieron cabida en las últimas elecciones municipales, autonómicas o generales».

Por otro lado, en referencia al Protocolo de Desahucios y Lanzamiento de Viviendas «propiedad de la Junta», ha afirmado que «sigue siendo el espacio» donde se deciden estos procesos en barriadas como Los Colorines y Suerte Saavedra (Badajoz).

De igual modo, ha mencionado los «tres» desahucios realizados en Fuente del Maestre (Badajoz), «curiosamente el pueblo de nacimiento del consejero de Sanidad».

Con respecto a ellos, López ha resaltado que la secretaria general de Arquitectura, María Isabel Moreno, ha intentado «camuflar los desahucios» con eufemismos «ridículos y despampanantes», como «recuperación de espacios públicos».

En este contexto, ha señalado que el uso de estos términos por Moreno se debe a la «demagogia» que manifestó en la «pasada» legislatura, porque «nada tienen que ver» las «reivindicaciones» que realizaba «como diputada» con las «acciones que ahora le acompañan», en su actual cargo.

SAREB

Por otra parte, en referencia al convenio entre la Junta de Extremadura y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), ha recordado que se ha firmado «un año después» y que «las viviendas que va a ceder» son desconocidas.

«Un convenio que no sirve absolutamente para nada» mientras no se sepan «que 45 viviendas» van a ser otorgadas, al igual que no hay conocimiento de «los acuerdos con los bancos», ha resaltado López.

Finalmente, ha señalado que frases como «Extremadura sin desahucios» o «casas sin gente, gente sin casas», están compuestas por «palabras vacuas» y «muy alejadas de la realidad» de la región.

Además, ha declarado que la Junta está creando «muchas expectativas falsas» e «infundadas esperanzas» a la ciudadanía, que «difícilmente» van a «acabar con los desahucios» en la comunidad autónoma.