El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha manifestado que los dirigentes de la organización UPA-UCE Extremadura Ignacio Huertas y Maxi Alcón –que se encuentran en prisión por un supuesto caso de fraude y falsificación de documentos– estarían hace tiempo «en libertad de apellidarse Pujol».
De este modo, se ha mostrado convencido de su inocencia y ha calificado su permanencia en prisión como «un modo de tortura injustificada para ellos, sus familias y sus compañeros», al mismo tiempo que ha reivindicado «su inmediata puesta en libertad».
Ramos, rodeado de cientos de afiliados y simpatizantes de UPA-UCE Extremadura y de afiliados de UPA de otras comunidades autónomas, se ha manifestado de esta forma este jueves durante su visita a Agroexpo, en Don Benito (Badajoz).
En este sentido, ha reiterado que «los graves errores que contiene la instrucción policial, el informe aportado por la Junta de Extremadura a petición del juzgado y las declaraciones de acusados y testigos no hacen sino reforzar la inocencia de Huertas y Alcón y demostrar que UPA-UCE prestó adecuadamente el servicio de asesoramiento conforme a los requerimientos establecidos por la administración competente sin vulnerar ningún precepto».
Ramos ha añadido que no se pretende «que no se investigue», ya que UPA-UCE colaborará «al máximo con la Justicia», pero tampoco la organización agraria quiere que estos compañeros «sean rehenes de una instrucción que contiene graves errores y que ignora el informe aportado por la Junta de Extremadura, ni que se obvie la presunción de inocencia y el derecho fundamental a la libertad, que el propio Tribunal Constitucional (TC) ha reiterado en numerosas ocasiones que debe prevalecer».
El dirigente nacional de UPA ha indicado que considera que los supuestos legales para mantener a sus compañeros en prisión no existen «porque ni tienen capacidad para destruir pruebas», ya que «todas están en poder de la instrucción o de organismos oficiales», ni tienen «la capacidad que se les supone para influir sobre testigos o nuevas prácticas de la instrucción».
ALGUNOS TESTIGOS YA NO SON TRABAJADORES DE UPA-UCE
Al respecto, ha señalado incluso que, algunos de los testigos que se han llamado a declarar «ya ni siquiera son trabajadores de UPA-UCE», según ha informado la organización agraria en nota de prensa.
El secretario general de UPA se ha preguntado si el mantenimiento de la prisión provisional de Huertas y Alcón «responde al cuestionamiento de la credibilidad y veracidad del informe aportado por la Junta de Extremadura sobre las ayudas de asesoramiento (que ratifica como correcto el trabajo de asesoramiento llevado a cabo por UPA-UCE)».
De este modo, ha añadido que «¿acaso se está sugiriendo indirectamente que ha existido prevaricación por parte de funcionarios públicos en la elaboración y el contenido del informe aportado por la Junta de Extremadura?»
También se ha referido a la supuesta agilización de la instrucción que parecen querer transmitir fuentes judiciales según información aparecida este jueves, y es algo falso», ha dicho categóricamente, al mismo tiempo que ha informado de que el juzgado no ha tomado declaración a ningún testigo ni acusado entre el 19 de diciembre y el 24 de enero, ya que «durante más de un mes no se ha tomado ninguna declaración».
Además, ha precisado que si se pretende seguir tomando declaración a un ritmo de dos personas al día de lunes a jueves y tienen que pasar por el juzgado 1.800 agricultores, «la supuesta agilización del proceso supondría que la instrucción se prolongaría al menos 225 semanas más, es decir, más de cuatro años».
Entonces, Ramos se ha preguntado «¿es eso agilizar el proceso? ¿acaso se pretende mantener una medida excepcional como la prisión preventiva hasta la finalización de la instrucción?».
Además, Ramos ha introducido este jueves «un nuevo elemento de los perjuicios que supone la privación de libertad de sus dirigentes» al añadir que «sería un nuevo despropósito y la privación de un derecho fundamental que Ignacio Huertas no pudiera ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones al campo por estar en prisión siendo inocente, sin que pese sobre él ningún tipo de inhabilitación ni condena alguna en un juicio justo», por lo que ha reiterado la exigencia de «su inmediata puesta en libertad».
Finalmente, Lorenzo Ramos ha manifestado que la libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón «es una cuestión de justicia en este momento procesal, que es además perfectamente compatible con el desarrollo de la instrucción judicial en la que ha reiterado una vez más que UPA-UCE colaborará sin restricciones».
Asimismo, se ha mostrado convencido de que las instancias judiciales superiores ante las que las defensas han presentado recurso «valorarán las circunstancias y documentos obrantes en la instrucción y la prioridad de los derechos fundamentales a proteger y acordarán la puesta en libertad de los dirigentes de UPA-UCE».
