El Portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar a conocer la sentencia del TSJ ante el recurso interpuesto por los populares contra el Reglamento Orgánico de la institución provincial.
Aguilera ha manifestado que el TSJ de Extremadura ha dado la razón al PP y ha anulado el Reglamento Orgánico en todo lo referente al nombramiento de cargos directivos.
El PP ya había anunciado durante los últimos meses que la Diputación iba a consumar un auténtico despropósito en el Pleno de diciembre al aprobar un Reglamento Orgánico a todas luces ilegal, solo para intentar legalizar los nombramientos a dedo que el PSOE había realizado previamente y que afectan al Director del Área de Economía y Hacienda, al Director Adjunto de Gestión Presupuestaria, el Coordinador de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial y el Director Adjunto de Asesoramiento Financiero y Jurídico. Todos estos nombramientos tenían informes desfavorables de la Interventora.
El Portavoz de los Populares ha recordado que varios meses antes, el PP presentó un Recurso de Reposición contra estos nombramientos que se denegó, por lo que ante esta irregularidad el PP presentó un contencioso-administrativo por los siguientes motivos: la Diputación no tenía potestad para regular el Régimen Jurídico del Personal Directivo Profesional, no podían sustraer funciones de funcionarios de habilitación nacional en favor del personal directivo, el PSOE no podía supeditar jerárquicamente o con dependencia un habilitado nacional del grupo A1 de personal directivo. Y por último, el PSOE no podía nombrar a personal directivo si no eran del Grupo A1.
Desde el PP se afirma que en el fondo este reglamento intentaba consagrar el nepotismo socialista de la Diputación, posibilitando la contratación de personal supuestamente afín al PSOE, sin cumplir los requisitos legales como los principios de igualdad, mérito y capacidad. En definitiva la sentencia dice que la Diputación no está habilitada y carece de potestad para regular el régimen del personal directivo.
Ante la sentencia, el PP se pregunta ahora qué va a hacer el equipo de gobierno del PSOE en la institución provincial, ya que dichos cargos deberían ser cesados de inmediato por haber sido nombrados de manera ilegal y pedimos a la Presidenta y a su equipo de gobierno que depuren responsabilidades ante este nuevo caos y desgobierno en la Diputación.
Desde el PP se considera que sería imperdonable políticamente que ante una situación irregular e ilegal solo se piense en alargar la misma, ralentizando la ejecución de la misma. Además, los populares preguntan al PSOE qué van a hacer ahora con todas las decisiones adoptadas por la Diputación basada en los informes contradictorios de los cuatro cargos directivos nombrados con anterioridad.
Lo más grave de todo esto son las consecuencias de la sentencia, ya que pone en entredicho gran parte de la actuación del PSOE en la Diputación, ya que el PP lleva meses denunciando públicamente la incompetencia que reina en la Diputación de Cáceres y de la que son protagonista tanto Rosario Cordero como todo su equipo de gobierno.
Por último, desde el PP se afirma que los vecinos de la provincia de Cáceres ni los Alcaldes se merecen un equipo de gobierno en una institución tan importante como la Diputación que sea incompetente y que se dedique más a forzar la legalidad que a trabajar por el bienestar y el crecimiento de nuestros pueblos.
