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Vergeles defiende que el concurso para 210 plazas residenciales se ha realizado pensando en las personas

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El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido que la contratación del servicio de 210 estancias residenciales para dependientes y baja intensidad se ha realizado «pensando en las personas»

Vergeles se ha pronunciado de esta forma en una comparecencia que ha protagonizado, a petición del PP, para informar sobre la contratación del servicio de 210 estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados.

 

La diputada del Grupo Popular Consuelo Rodríguez Píriz, ha justificado este petición de comparecencia en el que este concurso es un «auténtico fiasco», por lo que ha pedido al Ejecutivo regional que «lo anule», ya que supone una «pura y dura subasta»

 

Un concurso en el que «lo que prima es el criterio económico», a juicio de la diputada del PP, quien ha considerado que el coste público de cada plaza supone 38 euros, por lo que «no es el adecuado» al situarse por debajo del precio de mercado.

 

Rodríguez Píriz ha criticado la «mala gestión» de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales al elaborar este concurso, que ha supuesto a su juicio un «juego de trileros» al «cambiar las reglas del juego sobre la marcha».

 

La diputada del PP ha criticado al consejero del área, José María Vergeles, ya que a su juicio con este concurso tiene «desconcertado al sector», ya que sus condiciones «atentan contra la mejora de la asistencia sociosanitaria» de los mayores de la región de nuestros mayores

 

VERGELES DEFIENDE QUE NO AFECTA A LA CALIDAD

 

Tras las críticas del PP ha tomado la palabra el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha aclarado las camas que se adjudican en este proceso «no son comparables ni en intensidad de cuidados ni en la duración de la ocupación, con lo que son las camas sociosanitarias».

 

«Niego la mayor», ha reafirmado el consejero extremeño durante su intervención, en la que ha asegurado que «en nada se verá afectada la calidad en la atención sanitaria», ya que la «intensidad del cuidado sanitario» en estas camas «es prácticamente igual y comparable aproximadamente a las personas que no son residentes».

 

En su comparecencia, Vergeles ha aseverado que «no es un contrato caprichoso», sino que suponía una «exigencia legal» para la Junta de Extremadura, que «ha entendido que hay que regular esta contratación», y a la hora de diseñar el contrato, se tuvo como objetivo «el interés superior de la persona residente».

 

Un interés que pasa por que «además de atenderle, y atenderle bien» que a la persona «no se le someta a ningún desarraigo en su lugar de residencia», ha señalado el consejero de Sanidad, quien ha explicado que para evitar ese desarraigo se ha realizado el concurso «por lotes, y fijando el precio con el 100 por ciento de la plaza».

 

Así, «la empresa no tiene que exigir copago, sino que es la administración la que paga el 100 por cien de las plazas», y según los datos que ha aportado Vergeles, de los 21 lotes en los que se dividía el objeto contractual «ha existido concurrencia en 20 de ellos», por lo que ha considerado que «tan mal no lo habremos hecho».

 

Ha señalado que «no podrán ser adjudicadas un total de entre 40 y 50 camas, por no haberse recibido ofertas, o porque las presentadas fuesen inaceptables, sin que se conozcan las razones por las que esto ha ocurrido», tras lo que Vergeles ha señalado que «lo que no está claro es que fuese por el precio de la plaza».

 

Además, ha apuntado que «en siete lotes se han ofertado por parte de las empresas, precios que han supuesto una bajada en el precio de licitación», ha señalado Vergeles, quien ha valorado que «como resultado de todo el procedimiento» se ha «conseguido que no se produzca el desarraigo de la persona residente», y se ha «regularizado la contratación de 210 estancias», menos las que no han podido ser adjudicadas.

 

Por todo ello, el consejero extremeño de Sanidad ha aseverado que «no hay caso», ya que con este proceso se ha «regularizado un contrato» que el PP no hizo cuando gobernaba, y ha señalado que se ha contratado «pensando en las personas», frente al PP que a su juicio «parece más velar por los intereses de determinadas empresas», ha concluido.

 

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

 

Tras la intervención del consejero ha tomado la palabra el diputado del Grupo Parlamentario Podemos Obed Santos, quien ha reclamado al consejero que «acabe de una vez con la privatización» que supone el Sepad y la dependencia, ya que se está «pagando a empresas privadas por servicios que tenía que dar la propia administración».

 

Obed Santos ha recordado a Vergeles que «los servicios públicos se defienden con hechos, no con palabras», y ha reafirmado que estos servicios «deben prestarlo las administraciones» por lo que ha instado a que el Sepad concluya las licitaciones a empresas privadas.

 

En representación del Grupo Popular, la diputada Consuelo Rodríguez Píriz, ha instado al consejero de Sanidad a «ser un poquito más flexible» y rectificar «cuando mete la pata», ya que a su juicio, Vergeles «es el destrozador mayor de las plazas públicas» en la región.

 

Rodríguez Píriz ha considerado «una vergüenza» que la Junta convoque un concurso de plazas residenciales «de imposible cumplimiento» , tras lo que ha aseverado que «ya es hora» de que el consejero de Sanidad «presente su dimisión, por lo que «lleva arrastrando mucho».

 

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada María Dolores Becerra Martínez ha lamentado que el PP ha dejado el sistema de dependencia «en los huesos», ya que «ha intentado reducirlo a un mero sistema existencial», y ha planteado si el «interés» del PP en este asunto es «puramente empresarial».

 

Respecto al concurso de contratación de estas plazas, la diputada socialista ha señalado que estas plazas «pasan a ser concertadas al 100 por ciento», lo cual a su juicio «evita desigualdades», por lo que ha felicitado a la Consejería de Sanidad y le animado a que «siga mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, poniendo en el centro de sus políticas a las personas».

 

Para cerrar la comparecencia ha tomado la palabra de nuevo el consejero de Sanidad, quien ha lamentado los «recortes» a los que el Gobierno central somete a la Ley de la Dependencia, y aunque ha asegurado que es el «primer convencido» en acabar con la privatización de este sistema, se ha mostrado «profundamente realista», ya que es algo que «no se puede hacer de hoy para mañana».

 

Vergeles ha aseverado que la Junta de Extremadura está «cortando la privatización» a la que a su juicio sometió el PP durante su legislatura a la Ley de Dependencia, y ha avanzado que el Ejecutivo regional va a «desprivatizar todo lo que podamos», y harán todo lo posible para que los dependientes «puedan gozar de una plaza pública».


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