Abuso no, violación

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 Las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, aunque como reconoció la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, serán una pieza clave para el desarrollo legislativo que pretende llevar a cabo.

El informe de los juristas (15 mujeres y 13 hombres) rebaja también la pena máxima a la que puede ser condenado un agresor sexual, de los 15 años de cárcel a 12. Esta rebaja se explica en la necesidad de que los delitos sexuales no se equiparen con los homicidios. Según fuentes próximas a la comisión, hay un pacto unánime en diferenciar el castigo entre una violación y una muerte violenta, “incluso antes de la sentencia de La Manada”.

A la espera de conocerse el texto definitivo y su fundamento, parece que los expertos han escuchado el grito de “No es abuso, es violación” que millones de personas, mayoritariamente mujeres, elevaron tras conocerse la sentencia de La Manada. Ese auto fijaba nueve años de cárcel para cinco jóvenes por abusar de una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín del 2016. Pese a que creer a esa mujer, no los condenaron por violación al entender que no medió violencia o intimidación y que ella no se opuso físicamente).

Las movilizaciones obligaron al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, a encargar a un grupo de expertos la revisión de los delitos sexuales. De nuevo, se suscitó otra polémica al conocerse que el órgano al que se le había encargado el informe estaba integrado sólo por hombres (20). Posteriormente, este grupo consultivo se equilibró, siendo presidido por el abogado Esteban Mestre.

En las reuniones que han mantenido, los expertos han trabajado sobre dos borradores, como avanzó El Mundo. Se trata de dos textos que proponen lo mismo, pero que están estructurados de forma distinta: uno diseña una versión diferenciada de los mismos delitos en base a la existencia o no de violencia, y el otro presenta una versión unificada de todas las agresiones sexuales y violaciones. En ambos se recoge de manera explícita las agresiones a víctimas sometidas con drogas o fármacos, así como las protagonizadas por varios individuos (las violaciones grupales).

Los dos borradores incluyen que serán agresiones sexuales cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento de la víctima, agravado si se trata de una agresión con penetración. Precisamente cómo articular el consentimiento es lo que trae más de cabeza a los juristas. A día de hoy se exige a la víctima que se oponga físicamente, algo que ha sido muy criticado porque en la mayoría de los casos, estas quedan paralizadas por el temor a perder su vida, por miedo o por angustia. Hay suficiente literatura científica que refleja el estado de parálisis de las víctimas de delitos sexuales.

Las asociaciones de mujeres, a la espera de leer el texto definitivo, recuerdan que más allá de la nomenclatura que se emplee (agresión o abuso) la clave está en el consentimiento y cómo considerará un tribunal ese consentimiento. En otras palabras, “pedimos sencillamente que se aplique el convenio de Estambul que establece que los delitos de libertad sexual se fundamentan en el consentimiento. Es decir, sí es sí”, señalan.

La ministra Calvo volvió  a dejar claro que la intención del Gobierno es modificar el Código Penal en esa línea: “El consentimiento debe ser claro y nítido. No es no y sí es sí”, reiteró la también vicepresidenta del Gobierno.

Con relación a las víctimas de violencia sexual, Calvo abogó para que “sean creídas, como en cualquier otro delito”. En su opinión, en esta materia, la mujer suele ser puesta en cuestión. Las asociaciones de mujeres avalan las palabras de la ministra y recuerdan que mientras la víctima de una agresión sexual es, en muchas ocasiones, cuestionada y se ve obligada a explicar si se opuso o no, cuando se trata de un robo nadie duda del delito ni de si la víctima ofreció una resistencia clara. El Gobierno no es el único que quiere cambiar el Código Penal.

De hecho cuenta con la mayoría de la oposición. Incluido el PP, que el pasado martes registró una propuesta de reforma de los delitos contra la libertad sexual cometidos por dos o más personas –como el de La Manada, o con uso de sustancias químicas, como la burundanga, para anular la voluntad de la víctima– sea agresión sexual. Según la portavoz parlamentaria del PP y ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se trata de una iniciativa que va en la línea de “la defensa de las víctimas”, para que “no vuelva a ocurrir lo de La Manada o para que no se vuelva a drogar a una víctima”.

El texto del PP modifica así el artículo 178, donde se especifica que para que exista delito de agresión sexual es necesaria la intimidación o la violencia e incluye estos otros dos supuestos. “Se trata de poner el foco en la conducta del agresor y no juzgar a la víctima”, indicó.

Fuente: La Vanguardia


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