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Álvaro Jaén: “La caza es una actividad deportiva y económica importantísima para Extremadura”

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Podemos Extremadura considera que la caza es una actividad importantísima para nuestra región. Así lo ha afirmado este martes el secretario general, Álvaro Jaén, quien ha asegurado que desde la formación “se está con el sector”.

“En Extremadura -ha dicho- hay casi 90.000 licencias de caza, lo que supone una actividad económica y deportiva muy importante”. Sin embargo, el líder de Podemos ha señalado que hay que apostar por una caza social y sostenible, “que sea compatible con otras actividades igual de importantes, como es la ganadería”.

Jaén considera que la Junta de Extremadura no está implantando una política que permita convivir las dos actividades en nuestros pueblos, “y lo que está haciendo es apostar por la caza de cotos privados, por la caza intensiva que está afectando a la ganadería con problemas tan importantes, como por ejemplo, la tuberculosis”.

Vara apuesta por el “maná caído del cielo”

Por otro lado, el secretario general de Podemos se ha referido en rueda de prensa al proyecto de casinos de Castilblanco que se está vendiendo por parte de la Junta de Extremadura. Para Álvaro Jáen es una “idea loca” de Vara “porque no se da cuenta de que la gente está reclamando dignidad y no ser la escombrera del resto del país”.

Jaén ha añadido que el presidente de la Junta “sigue apostando por el maná caído del cielo”, al vender ese proyecto de casinos, “que son castillos en el aire”, en vez de fortalecer y apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos de Extremadura.

El líder de la formación ha recordado que en este sentido Podemos está apostando por facilitar la actividad de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, “porque son los que realmente fijan población en nuestros pueblos”. Así, ha destacado que en el Proyecto Integral de Empleo presentado por la formación a la Junta para que se incluya en los Presupuestos de 2019 hay una partida específica para consolidar la actividad de las PYMES, la Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable para permitir el acceso de las pequeñas empresas a las licitaciones públicas, las medidas de flexibilización de las condiciones higiénico sanitarias o el incremento en 104 euros de las cuantías para los Planes de Empleo Social, entre otras.


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