El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz abre diligencias contra la exmilitante socialista Leire Díez y un exmagistrado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias
R. DEx, BADAJOZ, 18 de junio de 2025.- La investigación judicial que gira en torno a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz ha sumado este martes una nueva derivada ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital pacense, Emilio García-Cancho, ha dictado un auto por el que acuerda incoar diligencias previas para investigar a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y al exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada, tras una querella interpuesta por la asociación Hazte Oír.
El juez considera que los hechos expuestos por la organización podrían encajar en una serie de delitos de notable gravedad, entre los que figuran revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.
Una querella con efectos colaterales
La querella fue registrada el pasado 6 de junio y se basa en la presunta intención de ambos querellados de interferir o entorpecer la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3, donde se investigan las circunstancias de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. Según los argumentos de Hazte Oír, tanto Díez como Sáenz de Tejada habrían actuado con un “interés obsesivo” en apartar a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso original.
El escrito señala además una posible estrategia para manipular o debilitar el proceso judicial en curso, extremo que ahora será investigado por García-Cancho en sede judicial.
Delitos graves bajo sospecha
En el auto, el juez subraya que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos”. En consecuencia, ordena abrir diligencias para esclarecer la naturaleza de los hechos, el grado de participación de los señalados y el alcance de la posible afectación a la causa matriz.
El magistrado recuerda que en este momento no se han delimitado con exactitud las circunstancias ni las personas intervinientes, por lo que la instrucción se orientará a determinar esos extremos mediante la práctica de pruebas esenciales.
¿Un frente judicial paralelo o una maniobra de presión?
Comentario editorial
La apertura de diligencias contra Leire Díez y el exmagistrado Sáenz de Tejada representa mucho más que una ampliación procesal: se trata de una señal inequívoca de la contaminación política que amenaza con socavar la credibilidad de la Justicia en este caso. La implicación de una exmilitante socialista y de un antiguo juez, unidos en una supuesta maniobra para desacreditar a una magistrada instructora, podría dibujar un escenario donde el Estado de derecho se ve obligado a navegar entre acusaciones cruzadas, intereses partidistas y la presión de asociaciones ideologizadas.
Mientras el foco mediático se mantiene sobre la figura del hermano del presidente, lo que realmente está en juego es la integridad del proceso judicial y la percepción de imparcialidad de los órganos encargados de impartir justicia. En una democracia sana, no debería ser necesario que un activismo judicial tan estridente sea el motor de la investigación de presuntos delitos tan graves.
Si el caso prospera, podríamos estar ante una pieza clave que explique los intentos de interferencia en la causa principal. Y si no, será otra mancha más en el ya enrevesado tablero político y judicial del país.
