Redacción DEx, 22 de marzo de 2025.- Este sábado, la Plaza de España de Badajoz fue testigo de una movilización profundamente cargada de significado.
Más de un millar de personas, convocadas por colegios profesionales y sindicatos, alzaron sus voces para rechazar el trágico asesinato de la educadora Belén Cortés en un piso tutelado de la ciudad. Bajo el lema «Belén somos todos. ¡Basta ya!», marcharon en un recorrido silencioso que, sin embargo, resonó con una clara exigencia: condiciones dignas y seguridad física y emocional para quienes trabajan en el sector social.
El acto reivindicativo, que culminó con la lectura de un manifiesto, no solo condenó una tragedia que, según aseguraron los convocantes, «podría haberse evitado», sino que también puso de relieve las precariedades y riesgos a los que se enfrentan los profesionales del sistema de protección social.
Las demandas fueron contundentes: más recursos humanos, técnicos y financieros; el reconocimiento de los trabajadores como «figuras de autoridad»; y la paralización de la externalización de servicios públicos.
Entre las peticiones clave se destacó la necesidad de fortalecer el área de salud mental infanto-juvenil con equipos multidisciplinares, esencial para abordar los problemas de raíz. Además, se hizo una llamada urgente a la apertura del Centro de Recuperación Zagal (CE.RE.ZA) como un recurso público indispensable para menores con problemas de conducta.
Este movimiento, impulsado por una amplia red de asociaciones y sindicatos, enfatizó también la importancia de una formación continua y obligatoria en gestión de conflictos y crisis, como herramienta fundamental para la seguridad de los profesionales y la calidad del servicio que ofrecen.
La manifestación dejó claro que no se trata solo de recordar a Belén Cortés, cuya pérdida simboliza una falla estructural, sino de evitar que hechos tan dolorosos vuelvan a repetirse. «No podemos permitir otra tragedia como esta,» afirmaron los organizadores, quienes prometieron mantenerse en lucha, unidos y coordinados, para exigir un cambio real y garantizar que los profesionales sociales puedan desempeñar su labor en condiciones de dignidad y seguridad.
