La esposa del presidente del Gobierno está siendo investigada por sus recomendaciones al empresario Juan Carlos Barrabés.
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio como investigada por tráficos de influencias y corrupción en el sector privado.
El juez considera que existen indicios de hechos delictivos por parte de la esposa de Pedro Sánchez y ha ordenado a la Policía Judicial que le entregue personalmente la citación como imputada.
La investigación se centra en las adjudicaciones públicas a las que accedió el empresario Barrabés y las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
El juez Peinado dictó tres escritos judiciales en los que calificaba a Begoña Gómez como «investigada». Multitud de voces salieron a decir que era un error y que formalmente la primera dama no estaba imputada. Sin embargo, tras el levantamiento del secreto de sumario se descubrió que en efecto, el juez cuando ponía «investigada» quería poner «investigada». En un auto expresamente explica que, aunque todavía no convenía llamar a Begoña Gómez a declarar, por garantías procesales le daba ese estatus a todos los efectos. A partir de ahí su abogado interviene en las primeras declaraciones de testigos, las de los periodistas que publicaron informaciones sobre el caso. Ahora, Peinado llama a declarar a Begoña Gómez para dentro de cuatro semanas, para el viernes 5 de julio.
El interrogatorio como imputada le permite acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox, Hazte Oír y el Movimiento de Regeneración Política de España. En todo caso, la Fiscalía ha pedido al juez Peinado la «acumulación» de las acusaciones populares en la causa para evitar «incurrir en previsibles dilaciones indebidas».
Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado su visto bueno a la decisión de abrir la investigación. Aunque corrigió al juez por declarar el secreto de las actuaciones, los magistrados tumbaron el inusual recurso de la Fiscalía de archivar el caso en este momento procesal. La Audiencia confirma que sí existían «datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación» en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU, propiedad del empresario Carlos Barrabés.
En paralelo, otro movimiento reciente de Pienado es abrir una pieza separada para determinar si la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) es la competente en quedarse la investigación. El Ministerio Público a nivel europeo tiene un fiscal designado por Pedro Sánchez, Ignacio de Lucas, que tiene un hermano que fue senador por el PSOE. Se trata de una fiscalía de reciente creación que sin experiencia en la materia también quiere arrebatar el caso Koldo al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.
Peinado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada el 29 de mayo se limita a afirmar que: «Dada cuenta, por recibido el anterior oficio de la Fiscalía Europea y en su vista procédase con el mismo a la apertura de pieza separada». Al ser una providencia –y no de un auto– el juez Juan Carlos Peinado no aporta mayores detalles sobre su decisión.
El órgano comunitario ya escribió al juez el pasado 26 de abril. La Fiscalía Europea preguntó si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. Todo ello a pesar de que ya está acreditado de que el dinero procede del Fondo Social Europeo (FSE).
En concreto, el órgano comunitario envió un decreto al juzgado en el que pedía que se le informase si en la causa «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaban que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estimaba pertinente, por lo que solicitaban al juzgado que le remitiese la documentación oportuna. El instructor facilitó una copia de los documentos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación. Existe el temor de que la Fiscalía Europea, como ya ha pasado en otras ocasiones, deje morir casos judiciales que van contra los intereses de Pedro Sánchez.
Fuente: OK Diario, DEx, redacción
