Redacción DEx, 1 de mayo de 2025.- El Congreso se prepara para una sesión de control al Gobierno con más carga política de lo habitual. En los pasillos, la expectación crece. No es solo la coyuntura económica o las tensiones territoriales lo que alimenta el ambiente: esta vez, es la justicia la que marca la agenda. El Partido Popular afila su estrategia y pone el foco sobre el entorno más íntimo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el centro de la polémica, su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, procesado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma. Los cargos que pesan sobre él no son menores: presunta prevaricación y tráfico de influencias por su designación como coordinador de conservatorios de la Diputación pacense, un puesto que, según la instrucción, habría sido adjudicado de forma irregular.
La juez no solo ha procesado al hermano del presidente, sino también al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, lo que da una nueva dimensión política al caso. Gallardo, figura clave del socialismo regional, es además uno de los hombres de confianza del sanchismo en tierras extremeñas.
A esta ecuación se suma otro nombre: el abogado Luis Carrero, quien colaboraba con David Sánchez en el proyecto cultural «Ópera Joven» mientras figuraba como asesor en Moncloa. Según la investigación judicial, Carrero fue posteriormente nombrado jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Delegación de Cultura de la Diputación, supuestamente por influencia directa de Sánchez.
Ante este escenario, el Partido Popular ha movido ficha. Quiere aprovechar el Pleno de la próxima semana para interpelar directamente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Lo hará a través de sus portavoces adjuntos en el Congreso, Jaime de Olano y Cayetana Álvarez de Toledo, quienes ya han registrado sendas preguntas con una carga política evidente.
De Olano aspira a que Bolaños responda si, a su juicio, el presidente Sánchez, su gabinete y su entorno «cumplen los mínimos estándares éticos exigibles». La formulación de la pregunta no es casual: pretende situar al ministro ante un dilema moral y político, llevándolo al terreno de la integridad institucional.
Por su parte, Álvarez de Toledo, fiel a su estilo directo, plantea otra cuestión: «¿Cuáles son los criterios del Gobierno para nombrar y destituir a altos cargos?» Una interpelación que apunta al corazón de las decisiones discrecionales del Ejecutivo, en un momento en el que la línea entre lo institucional y lo personal vuelve a estar en entredicho.
Lo que está en juego, más allá de las imputaciones concretas, es la imagen de un Gobierno cuya promesa de regeneración democrática choca ahora con un caso que afecta al entorno familiar del presidente. El PP, en un claro intento de desgaste, busca convertir la causa judicial en símbolo de una presunta red clientelar.
La Moncloa, por el momento, guarda silencio. No ha habido declaraciones ni del presidente ni de su gabinete sobre el auto de procesamiento. El ministro Bolaños se enfrentará a un Pleno con carga de profundidad. Y lo hará no solo como miembro del Gobierno, sino como uno de sus principales escuderos políticos.
La próxima semana, el Congreso será algo más que un teatro de la política. Será también el escenario donde se ponga a prueba la resistencia ética del Ejecutivo frente a una oposición que ha encontrado un nuevo filón. Las preguntas ya están sobre la mesa. Falta ver si las respuestas estarán a la altura de la gravedad del momento.
