En una nota, CCOO ha señalado que la convocatoria que la Junta pactó con los agentes sociales no puede dilatarse más en el tiempo, puesto que los trabajadores que prestan sus servicios en estas empresas y entidades tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 para acreditar la correspondiente cualificación profesional.
Así pues, a partir del año 2018 deberán demostrar que disponen de este certificado de profesionalidad, hecho que genera una situación de incertidumbre laboral para un número importante de profesionales del sector en la región.
El sindicato ha criticado también «la desidia y la irresponsabilidad» del Gobierno de Mariano Rajoy.
En este sentido, ha asegurado que, tras prometer reiteradas veces el compromiso de propiciar una convocatoria estatal amplia, se ha olvidado de un colectivo que tiene demostrada su experiencia, pero necesita que se comprometan los recursos necesarios para aclarar su futuro.
Además, esta problemática podría volverse «en contra del desarrollo profesional de estas personas y contra las propias empresas», ha indicado.
Por último, CCOO ha mostrado su confianza en la «urgente activación» de la convocatoria por parte de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura, para propiciar seguridad y certezas a este sector.
