“Un año y medio de espera es un año y medio de vidas en pausa”
R. DEx, Madrid, 19 de agosto de 2025.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elevado una denuncia ante el Defensor del Pueblo para exigir respuestas al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que acusa de incumplir el calendario comprometido en la evaluación del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad.
Aprobado el 18 de octubre de 2022, el real decreto establecía con claridad que al cumplirse un año de su aplicación, el Imserso debía revisar sus resultados y proponer posibles correcciones. Ese plazo concluyó en abril de 2024. Hoy, casi un año y medio después, la evaluación sigue sin realizarse.
Un retraso que no es técnico, es vital
La denuncia del CERMI no se centra en un trámite burocrático. Lo que está en juego es el día a día de cientos de miles de personas. El baremo determina el acceso a prestaciones, apoyos, servicios sociales, educativos o laborales. Cada retraso significa un obstáculo más en la vida de quienes ya conviven con barreras permanentes.
“No es una cuestión de papeles, es una cuestión de derechos”, subrayan desde la organización. Para el movimiento social de la discapacidad, la demora del Ministerio supone un incumplimiento que dificulta medir si la norma está cumpliendo el objetivo para el que nació: dar mayor objetividad, equidad y seguridad a las valoraciones.
Una llamada a la responsabilidad
CERMI reclama al Defensor del Pueblo que investigue el caso y presione al Gobierno para que actúe de inmediato. No se trata de una reivindicación corporativa, sino de un clamor colectivo: que las personas con discapacidad no queden relegadas a un segundo plano en la agenda pública.
“Lo que pedimos es simple: que se cumpla la ley y que se escuche a quienes saben lo que significa vivir con una discapacidad en un país aún lleno de barreras”, insisten.
Una deuda pendiente con la ciudadanía
La evaluación del baremo no es un trámite accesorio, sino la herramienta para saber si la norma funciona y dónde necesita ajustes. Sin esa revisión, se perpetúan desigualdades y se aplaza la posibilidad de introducir mejoras urgentes.
La denuncia de CERMI es una llamada de atención: un recordatorio de que la dignidad, la autonomía y la inclusión no pueden esperar otro año más en un cajón administrativo.
LUPA DEx
El retraso en la evaluación del baremo de discapacidad no es un problema aislado, sino el reflejo de una política social que a menudo se mueve más lenta que las necesidades de la gente. Las administraciones hablan de inclusión y derechos, pero cuando la maquinaria burocrática se atasca, quienes sufren son siempre los más vulnerables.
Este incumplimiento erosiona la confianza en las instituciones y transmite un mensaje peligroso: que las leyes pueden quedarse en papel mojado si no hay voluntad política para ejecutarlas.
El caso del baremo es una oportunidad perdida para demostrar compromiso real con la justicia social. Urge que se retome el proceso, se evalúe con rigor y se corrija lo que no funciona. Porque la inclusión no se decreta, se practica. Y cada día de retraso es un día más de espera injusta para miles de ciudadanos que reclaman vivir con los mismos derechos y oportunidades.
