R. DEx, 17 de marzo de 2025.- La indignación y el dolor han movilizado a más de 100.000 personas en apenas una semana. Este martes, la educadora social Victoria Salinas registrará en el Ministerio del Interior una petición masiva para exigir medidas de seguridad en los centros de menores tras el presunto asesinato de su compañera Belén Cortés en un piso tutelado de Badajoz.
«El asesinato de nuestra compañera no puede quedar en el olvido. Mañana iré al Ministerio para registrar este apoyo y exigir una respuesta, en memoria de Belén y para que esta tragedia no se repita», ha declarado Salinas, impulsora de la iniciativa en Change.org. Su petición denuncia la falta de medidas de protección en estos centros y la necesidad urgente de reforzar la seguridad de los profesionales que trabajan en ellos.
Riesgos diarios y falta de protección
Según explica Salinas, los educadores sociales se enfrentan «a diario a situaciones de riesgo» sin contar con los recursos adecuados para garantizar su seguridad. «No tenemos suficiente protección: ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo», denuncia en su campaña.
Su testimonio es estremecedor. Salinas dejó su trabajo en un centro de menores tras temer por su vida en varias ocasiones e incluso sufrir un motín. Ahora, su objetivo es que el Gobierno actúe con urgencia para evitar que tragedias como la de Belén se repitan. Entre sus demandas, solicita al Ministerio del Interior la presencia de más personal de seguridad en aquellos dispositivos donde el nivel de conflictividad y riesgo lo requiera.
«Esta tragedia era totalmente evitable. No queremos que Belén quede en el olvido», insiste en un vídeo en el que pide que el Ejecutivo escuche a los trabajadores del sector. «Es hora de preocuparse de verdad por la reinserción de los menores y para ello tenemos que poder hacer nuestro trabajo en condiciones de seguridad», añade.
Un sector que clama por cambios
Las condiciones laborales en los centros de menores han sido ampliamente cuestionadas por otros profesionales del sector. En los comentarios de la petición, educadores sociales como Borja Prieto, Ana Donoso y Rubén Rubio relatan experiencias de violencia y precariedad laboral. «Me he visto en demasiadas situaciones violentas que han puesto en riesgo mi integridad física», señala Prieto. Donoso, por su parte, afirma haber vivido «situaciones muy duras», mientras que Rubio denuncia «la falta de seguridad, los salarios irrisorios y la gestión privada de los centros».
Esta no es la única iniciativa surgida tras el crimen de Belén Cortés. Otras peticiones en Change.org suman miles de firmas exigiendo más protección para trabajadoras, educadoras e integradoras sociales. Una de ellas, impulsada por Marta M., ha recogido ya más de 37.000 apoyos. «Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo que comprometen nuestra seguridad e integridad física y psicológica», se lee en su petición.
¿Responderá el Gobierno?
La entrega de las firmas en el Ministerio del Interior marcará un punto de inflexión en la lucha de los educadores sociales por su seguridad. Salinas y sus compañeros esperan una respuesta clara y contundente del Gobierno. «Esperamos que tras la entrega nos expliquen qué medidas van a tomar y cuándo», concluye.
La tragedia de Belén Cortés ha despertado un clamor social que no se apagará fácilmente. Ahora, la pelota está en el tejado de las autoridades.
