Es posible que llegados a una edad avanzada, las capacidades cognitivas empiecen a mermar o que quizás se sufra de una enfermedad que progresivamente las altere. En estos casos, es probable que se necesite de gestionar una incapacitación legal. ¿De qué trata este procedimiento? Te lo mostramos a continuación de manera sencilla.
Incapacitación legal: ¿De qué trata?
Se trata de un procedimiento judicial que procura velar legalmente por quienes no pueden hacerlo por sí mismos, por una u otra razón. El proceso de incapacitacion judicial previene contra daños y aprovechamiento por parte de terceros.
Es un recurso judicial útil para hijos cuyos progenitores u otros familiares no puedan asumir decisiones legales por causas mayores. Sin embargo, en algunos estratos no está bien visto y pudiese confundirse con una acción negativa que atenta contra la autonomía de la persona que se desea incapacitar.
Por el contrario, una incapacitación legal puede ayudar en casos donde las enfermedades mentales no hagan competente a la persona para tomar decisiones asertivas. En estos casos, es conveniente nombrar tutores que se encarguen de disponer de bienes y patrimonio de quienes no cuenten ya con la capacidad de velar por sí mismos.
¿Cómo se lleva a cabo una incapacitación judicial?
Para evitar que tras una incapacitación judicial existan dobles intenciones, la ley ha dispuesto que el primer requisito sea comprobar que la persona es verdaderamente incapaz de asumir decisiones legales. Entonces, para efectos de incapacitación se debe padecer de alguna enfermedad que ocasione un déficit físico o mental persistente.
Un juzgado correspondiente al lugar de residencia de la persona a la cual se desea incapacitar será el encargado de dictaminar la sentencia en caso de encontrarse incapaz legalmente a la persona. También establecerá hasta qué grado será la incapacidad y quien será el tutor encargado de representar los derechos y deberes de la persona que se incapacite.
Para lograr una sentencia, será necesario presentar las pruebas ante el juez. El presunto incapaz podrá tener una audiencia en el juzgado, además de los implicados en el proceso, como los familiares cercanos. Además, será clave y determinante la presentación de informes médicos que avalen la incapacidad de la persona.
La incapacitación judicial puede ser tramitada por el mismo tutelado, que viendo su situación y en plena conciencia, designe un tutor para sus bienes. También puede ser solicitado por un pariente o por el ministerio en caso de que la persona se encuentre sin familiares que velen por él.
¿Cuáles son los deberes del tutor?
El tutor del incapacitado será determinado por el juez encargado del proceso. En algunos casos donde el proceso se realiza cuando el tutelado aún está en sus facultades mentales, puede designar él mismo a quien delegará estas funciones. En otros casos, el juzgado examinará si el tutor será un cónyuge, alguno de los progenitores o un descendiente, u otro familiar.
Para asegurar que el tutor cumpla con sus responsabilidades, el juzgado establecerá presentaciones anuales para rendición de cuentas. De esta manera, el tutor podrá demostrar que el patrimonio puesto en tutela ha sido administrado de manera adecuada y para atender las necesidades del incapaz.
El tutor en ningún caso tiene la facultad de decidir a voluntad sobre los bienes del incapacitado. Por ejemplo, en caso de ameritarse la venta de un inmueble, el tutor deberá presentar una solicitud al juez.
Esta solicitud se examinará de acuerdo a la justificación que se presente por la necesidad de la venta. Entonces, el tutor debe presentar los hechos por los cuales se necesita hacer la venta y en un presupuesto del uso que se dará al dinero obtenido. Solo se aprobará si resulta en bienestar para la persona incapacitada.
¿Puede revertirse el proceso de incapacitación?
Sí puede ser posible, en el caso de que las circunstancias ameriten un cambio en las estipulaciones de una primera incapacidad. No se trata de un proceso de corrección de las órdenes del primer juez, sino un nuevo proceso que amerita nuevas pautas.
De hecho, es posible que la sentencia incluya una cláusula que indique que tras revisiones y ante la necesidad de una modificación, se realice una reintegración de la capacidad de una persona. En tales casos desaparece la figura de tutor y pasa a ser una curatela. En JR Abogados los especialistas pueden informarte sobre cómo proceder en estos casos.
