Una de ellas recibirá pena de prisión por intrusismo y estafa; la otra, multa por ejercer sin estar colegiada ni autorizada
R. DEx, 17 de junio de 2025.- El Juzgado de lo Penal nº1 de Don Benito ha dictado sentencia contra dos mujeres acusadas de intrusismo profesional en el ámbito de la fisioterapia, tras constatarse que ejercían y dirigían un supuesto centro sanitario sin contar con titulación oficial, ni estar inscritas en ningún colegio profesional.
Los hechos, denunciados en 2020 por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, se remontan al periodo comprendido entre septiembre de 2019 y enero de 2021, cuando una de las condenadas gestionaba en Don Benito un establecimiento que se promocionaba en redes sociales y en su página web como centro sanitario interdisciplinar, pese a carecer de autorización sanitaria y de registro en el sistema oficial de centros sanitarios de la Junta de Extremadura.
🔍 Actos propios de fisioterapia sin título ni control
Según recoge la sentencia, ambas mujeres realizaban tratamientos y técnicas propias del ejercicio profesional de la fisioterapia, sin contar con titulación homologada ni pertenecer al Colegio Profesional, lo que constituye un delito de intrusismo profesional.
En este contexto, el fallo judicial establece dos niveles de responsabilidad:
- Una de las acusadas ha sido condenada a 6 meses de prisión por intrusismo, y además, a 18 meses de prisión por tres delitos de estafa, al haber engañado a varias personas que aspiraban a trabajar en su centro.
- La segunda condenada deberá afrontar una multa de 16 meses, con una cuota diaria de 6 euros, también por intrusismo.
Falsas promesas y un “máster” fraudulento
Uno de los elementos más graves del caso ha sido la condena por estafa a una de las implicadas, tras probarse que obligaba a aspirantes a empleo a realizar un falso “máster” de formación impartido por la propia clínica, con el gancho de una contratación posterior que nunca llegaba. Según el tribunal, se trataba de una práctica sistemática de engaño, aprovechando la necesidad laboral de las víctimas y la falta de regulación visible en el entorno del centro.
Tras conocerse la sentencia, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura ha celebrado la resolución como un paso importante contra el intrusismo profesional, alertando de que este tipo de fraudes no solo violan la ley, sino que representan un grave riesgo para la salud de la ciudadanía.
En su comunicado, la entidad recuerda que la atención terapéutica sin cualificación supone una amenaza real para los pacientes, y ha instado a denunciar cualquier sospecha de ejercicio irregular, ofreciendo su colaboración para verificar la legalidad de centros y profesionales.
Firmeza judicial ante el riesgo sanitario
Este caso en Don Benito pone de relieve la vulnerabilidad del sistema ante quienes suplantan profesiones sanitarias sin control ni acreditación. La sentencia no solo castiga el fraude, sino que lanza un mensaje de advertencia a quienes intenten aprovecharse de la confianza ciudadana. La lucha contra el intrusismo no es solo un deber legal, sino una necesidad de salud pública.
