Al ser preguntado por las críticas del PP sobre la adjudicación del servicio a una empresa andaluza, lo que, a su juicio, supone «una incoherencia» con lo que el PSOE prometió en campaña electoral, ha respondido: «Lo mejor que podemos hacer para favorecer a la empresa extremeña es hacerlas competitivas y que cumplamos la legalidad».
«En ningún momento estamos faltando ni contraviniendo ninguna de las cuestiones que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha expresado tanto en la oposición como al frente del Gobierno», ha apostillado Vergeles en rueda de prensa para presentar los Espacios Educativos Saludables.
En este sentido, ha defendido que el procedimiento ha sido «totalmente transparente y legal», y «totalmente automático» en cuanto a los criterios de adjudicación, que permiten llegar a «la conclusión de que esto no ha sido un concurso a subasta».
Según Vergeles, el 55 % del concurso valoraba el precio pero el resto -ha remarcado- valoraba otros criterios que suponían «mejoras necesarias en los propios vehículos y en la dotación de esos vehículos en beneficio de los extremeños».
Además, ha recordado que por primera vez este contrato incluye las cláusulas sociales como requisito de contratación especial, lo que significa que los derechos de los trabajadores «están más blindados con este procedimiento de contratación que como lo estaban en el pasado».
Ha insistido en que no pueden «cometer ilegalidades e irregularidades» ante un contrato que es «totalmente legal» y con el que se ha buscado «el bien de los extremeños en su transporte sanitario terrestre y, en segundo lugar, con las cláusulas sociales, asegurar los derechos laborales de los trabajadores».
A este respecto, ha asegurado que los trabajadores estarán sujetos al «convenio colectivo vigente», de acuerdo a las cláusulas sociales, que determinan otros aspectos como las «condiciones medioambientales, incorporación de trabajadores con discapacidad o igualdad de género».
