Paco de Borja | Digital Extremadura / 3 de agosto de 2025.- Se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la modificación del Plan Anual de Valoración de la carrera profesional horizontal, que pone fin a una discriminación estructural que afectaba durante años a los empleados públicos con discapacidad intelectual.
Hasta ahora, este colectivo encontraba grandes obstáculos para progresar profesionalmente debido a la escasa oferta formativa adaptada a sus capacidades.
«Tenían muchas más dificultades para alcanzar la puntuación necesaria que el resto de empleados públicos», ha reconocido la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en una comparecencia pública. «Era una desigualdad silenciosa, pero real», ha añadido.
La nueva redacción, fruto de la negociación con los sindicatos y publicada oficialmente este 2 de agosto, introduce por primera vez un párrafo específico que reconoce expresamente a las personas con discapacidad intelectual dentro del sistema de valoración, equiparando sus oportunidades a las del resto de trabajadores públicos.
Concretamente, se otorgarán 1,70 puntos por cada mes completo trabajado en el puesto que desempeñen, lo que permitirá a estos profesionales ir acumulando méritos para alcanzar los distintos niveles de la carrera profesional sin depender exclusivamente de la formación.
Una deuda con la igualdad
La medida no solo tiene un carácter técnico o administrativo, sino profundamente ético. Representa un reconocimiento a un colectivo que llevaba años trabajando en condiciones de desigualdad. «Con esta modificación, cumplimos el mandato de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal recogido en nuestras leyes y principios constitucionales», ha subrayado Manzano.
Además, la Consejería ha aprovechado para introducir otra mejora en el sistema de carrera profesional, permitiendo que la participación en tribunales de selección de cualquier ámbito de la Administración autonómica compute como mérito, y no solo en el ámbito de la Administración General como ocurría hasta ahora.
“Esto también era una barrera para muchos profesionales que prestan servicio en otras áreas, y que ahora verán reconocida su implicación”, ha destacado la consejera.
Reacciones del entorno asociativo
Desde entidades como Plena Inclusión Extremadura y CERMI, se ha aplaudido esta modificación como «un avance histórico». “Llevábamos años denunciando que los empleados públicos con discapacidad intelectual estaban excluidos de facto de la carrera profesional. Hoy se salda una deuda”, han señalado fuentes del movimiento asociativo.
Un modelo para otras comunidades
La decisión de la Junta de Extremadura podría marcar el camino para que otras comunidades autónomas revisen sus propios planes de carrera profesional. En un contexto donde la inclusión real y efectiva es aún una asignatura pendiente en muchas administraciones, este gesto político y técnico supone un ejemplo de buena práctica institucional.
La Junta, con esta medida, no solo corrige una desigualdad administrativa: reconoce la dignidad laboral de personas que durante años han sostenido sus puestos con esfuerzo y profesionalidad, a pesar de las barreras.
