Badajoz, 28 de noviembre de 2024.- .- El abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, Emilio Cortés, ha manifestado que su cliente se encuentra bien y tranquilo después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que prácticamente desestima la posibilidad de que haya cometido otro delito que no sea relacionado con la creación de la plaza que ocupa en la Diputación de Badajoz.
Cortés ha destacado que el informe de la UCO desmonta las presuntas irregularidades de naturaleza tributaria o relativas a un enriquecimiento injusto, y que su cliente ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de enero. El abogado ha señalado que su cliente ha sido investigado «como consecuencia de los datos de filiación de este señor», en alusión a que su hermano es el presidente del Gobierno, y que no hubiera ocurrido lo mismo si la plaza la hubiera sacado un ciudadano común.
Cortés ha criticado aspectos del procedimiento que considera «patológicos», como la apertura de un procedimiento penal en España con base «únicamente en recortes periodísticos y en el pantallazo del portal de transparencia», lo que considera «absolutamente aberrante desde el punto de vista técnico». También ha lamentado que lo que está sucediendo en España es que «primero va la persona y luego va el delito», lo que considera «patológico y quizás merezca una reflexión».
En cuanto a la creación de la plaza, Cortés ha señalado que se hizo a través de un concurso y que «evidentemente la plaza la crea el Servicio de Recursos Humanos de la Diputación». Ha añadido que los correos electrónicos que fueron incautados no han revelado lo que entiende que las acusaciones populares «querían que se revelara», y que si hubiera habido conchabeo, el presidente de la Diputación no hubiera preconstituido una prueba de esta naturaleza.
Con respecto a la residencia en la localidad portuguesa de Elvas, Cortés ha dicho que «nunca ha habido ningún problema, jamás», y que la Agencia Tributaria «nunca se ha dirigido a David Sánchez en ningún sentido», porque «es una persona que tributa en el Reino de España como residente en el extranjero. Ya está. No pasa nada más». Ha añadido que el hecho de que su cliente haya estado viviendo en Portugal es algo que no ha encontrado reproche en el ámbito administrativo y resulta ciertamente sorprendente que se haya intentado que sí se encuentre reproche en el ámbito penal.
