¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL TRASVASE TAJO – SEGURA?

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El trasvase Tajo – Segura lleva en funcionamiento 42 años. Fue diseñado, proyectado y construido en su mayor parte durante la dictadura franquista, aplicando el ordeno y mando de la época.

El diseño y la justificación del trasvase presentan algunas trampas. La primera de ellas, la de mayor enjundia, consistió en que en el balance hídrico inter cuencas solamente se tuvieron en cuenta las aguas superficiales, dejando de lado las subterráneas de gran importancia en el Levante español.

La segunda trampa también de gran calado consistió en que se inflaron los datos de las aportaciones de las lluvias, no sé si por error o a sabiendas, para poder justificar un trasvase de 1.000 hm3 /año, luego reducido a un máximo de 600 hm3/año. Más tarde en 1985 sería incrementado en 50 hm3/año a trasvasar a la cuenca del Guadiana para salvar las Tablas de Daimiel, cosa que no se ha conseguido a tenor de la reducida superficie inundada en la actualidad: 65 ha. de las más de 2.000 ha inundables. ¿Qué fue del Plan Especial del Alto Guadiana y de la ingente cantidad de dinero gastado en la compra de derechos de agua?

El trasvase se proyectó con estudios hidrológicos equivocados. Se demuestra el error porque la serie hidrológica utilizada que comenzaba en 1941, a partir de 1980 ha sufrido una repentina disminución de aportaciones del 30 %. Lo que demuestra que se utilizaron datos inflados porque es prácticamente imposible que se produzca esa reducción tan drástica en las aportaciones en un corto período de tiempo.

En los 42 años de trasvase solamente se ha llegado una vez al máximo autorizado de 600 hm3/año y el trasvase medio está en el entorno de unos 320 hm3/año.

El segundo aspecto a considerar es la legalidad del trasvase. La ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 establece que una cuenca hidrográfica sólo puede ceder agua a otra si existen excedentes. Y en la cuenca del Tajo no hay agua excedentaria.

El Plan Hidrológico del Tajo 2015 – 2021 que se está revisando para el período 2022 – 2027 reconoce al menos cuatro sistemas de explotación deficitarios: Henares, Alberche, Tiétar y Árrago, en los cuales los usos de regadío no pueden ser atendidos con las garantías establecidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Pues bien, a pesar de eso y en contra de la normativa vigente se mantiene el trasvase.

Parece disparatado que, desde el territorio de la cuenca comprendido entre la cabecera y Talavera de la Reina, el cual aporta solamente el 45 % de los recursos hídricos totales, pero que concentra el 85 % de las demandas, se trasvase un importante volumen de agua a otro ámbito de planificación hidrológica como es la cuenca del Segura.

El resultado es que en el tramo Aranjuez – Toledo – Talavera de la Reina, el río Tajo difícilmente puede mantener un caudal suficiente para conservar el curso de agua en unas condiciones ecológicas mínimamente aceptables y además transfiere a Extremadura un agua de muy baja calidad. Aquí también habría de tenerse en cuenta si la depuración en la conurbación de Madrid funciona adecuadamente.

Si se resolviera la situación de los sistemas deficitarios del Tajo, cosa que no se prevé en el borrador del nuevo Plan Hidrológico 22 – 27, podría pensarse en mantener un trasvase hacia Levante, siempre que a su vez se diera solución al problema de calidad y cantidad de agua que circula en el tramo Aranjuez, Toledo y Talavera estableciendo unos caudales ecológicos mínimos que habría que calibrar muy bien. Y asegurar también que el trasvase no afecta a los 2.700 hm3/año que hay que suministrar a Portugal por el Convenio de Albufeira. Ni condiciona los abastecimientos y usos de los núcleos de la cabecera del Tajo próximos al trasvase.

Por otra parte, habría que exigir a los usuarios levantinos disciplina en el uso del agua trasvasada. Me refiero con esto a la necesidad de clausurar los riegos ilegales que se llevaron a cabo a partir del año 1986 en que estaban prohibidos salvo casos excepcionales. Y eliminar el uso del agua para urbanizaciones y campos de golf que se han puesto en marcha sin que ese fuera el objetivo del trasvase.

No obstante, el asunto presenta una gran complejidad, por los intereses existentes en el Levante español generados en estos 42 años de funcionamiento, que se mezclan con el inadecuado uso del agua que se hace cuando esta se aplica a riegos ilegales, que, en los planes hidrológicos del Segura se tratan de legalizar, cuando antes se estuvo mirando para otro lado y consintiendo su ejecución.

La desalación puede ser una solución complementaria al problema si se lleva a cabo un estudio racional del uso de todas las aguas: las del trasvase que previsiblemente habrá que reducir algo, lo que dependerá en gran medida de los caudales ecológicos que se fijen finalmente en el Plan Hidrológico del Tajo 22 – 27 en el eje Aranjuez – Toledo – Talavera; las subterráneas levantinas que han de utilizarse sin sobreexplotar los acuíferos y las desaladas cuyo proceso de obtención resulta ser más caro.

Aunque es comprensible la postura de Castilla la Mancha de derogar el trasvase en un cierto plazo, debería ser revisada y buscar junto con Extremadura, Madrid y las comunidades autónomas levantinas afectadas, un consenso que permita salvaguardar todos los intereses. Eso va a exigir cesiones parciales, solidaridad y generosidad por parte de todos. Y cumplir las condiciones antes enunciadas.

En las comunidades favorecidas por el trasvase debieran entender que, aunque paguen su tarifa, no se puede trasvasar un recurso como el agua, necesario para el desarrollo de una cuenca cedente deficitaria que, salvo Madrid y entorno, tiene un marcado carácter rural y unos niveles de desarrollo inferiores a los de las cuencas receptoras. No se debe desnudar un santo para vestir a otro.


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