R. DEx, 11 de marzo de 2026.- El silencio pesa en Badajoz. La conmoción y el dolor se han instalado entre los profesionales de la atención a menores tras el asesinato de Belén, una trabajadora social entregada a su labor y querida por sus compañeros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, expresó el sentimiento de consternación de toda la comunidad. «Estamos en un momento de profundo dolor para todos», declaró.
El Gobierno regional ha trasladado sus condolencias a la familia y compañeros de Belén, una mujer que, según la consejera, «adoraba a los menores» y dedicaba su vida a su bienestar. Desde el primer momento, las autoridades se han personado en el lugar de los hechos y han mantenido contacto con los trabajadores del centro, una vivienda de régimen abierto destinada a menores cumpliendo medidas judiciales.
La tragedia ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los profesionales del sector. La consejera reconoció que «somos conscientes de la importancia de garantizar entornos de trabajo seguros para quienes dedican su vida a la atención y educación de menores en situación de vulnerabilidad». Sin embargo, el asesinato de Belén es un golpe que deja en evidencia las carencias del sistema y la sensación de desprotección con la que muchos trabajadores afrontan su día a día.
Los informes del Servicio de Adolescencia y Familia y la Sección de Menores Infractores de Badajoz reflejan antecedentes de incidencias con los tres menores implicados, situaciones que fueron comunicadas a la justicia conforme al protocolo. No obstante, la tragedia ha sucedido, y con ella se reavivan las dudas sobre la eficacia de estos procedimientos y la protección real de quienes trabajan en estos centros.
El centro en el que ocurrió el crimen es gestionado de forma indirecta a través de una entidad adjudicataria, cuyo contrato fue licitado en 2022 y finaliza en 2025. La Junta de Extremadura ya trabajaba en nuevos pliegos que contemplan un refuerzo de personal, pero ahora las exigencias de seguridad se han convertido en una demanda urgente por parte de los trabajadores sociales.
Mañana miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Fiscalía Superior se reunirán con la administración autonómica para analizar la situación y coordinar las acciones necesarias. Mientras tanto, en Badajoz, entre el duelo y la rabia, una pregunta flota en el aire: ¿qué más tiene que pasar para que estos profesionales dejen de arriesgar su vida en el ejercicio de su vocación?
