Tal y como ha sucedido desde el pasado lunes, las inmediaciones del Palacio de Justicia han estado acordonadas por fuerzas policiales para evitar posibles incidentes.
Los fallecidos fueron Isabel Vargas y su hijo Joaquín, miembros de una familia enfrentada a otra con el apellido Montoya.
El suceso tuvo lugar el 3 de agosto de 2011 en la Calle Jarandilla después de que hubiera diferencias entre ambas familias a raíz de la separación de una pareja integrada por dos personas de cada parte.
El Ministerio Fiscal acusa a José Montoya Vázquez de un delito de asesinato y de tres de tentativa de asesinato, así como por la tenencia ilícita de armas, por lo que le pide la pena de prisión de 47 años, y a José María Montoya de un delito de asesinato ante el que se enfrenta a una posible condena de 50 años de cárcel.
También considera que Manuel Vargas, que está en custodia policial tras no personarse en el primer juicio, ha sido acusado de varias tentativas de homicidio al disparar cuanto la otra familia también hizo tiros contra la vivienda de la suya, un momento en el que cayó herido.
Por esas supuestas tentativas de homicidio se le piden 63 años de prisión.
La Fiscalía considera que los acusados deben ser sometidos a «un examen crítico», que la «contienda» entre ambas familias se debía a «una enemistad manifiesta» y que miembros de la familia Vargas acudieron desde Barcelona dotados con armas.
También hay otros acusados de numerosas tentativas de homicidio, entre ellos Félix Montoya, Lucas Díaz Vázquez y Fernando Montoya.
Las tentativas de asesinato se penan con 7 años y seis meses de cárcel por cada una.
La Fiscalía considera que los disparos «no iban dirigidas al aire sino a las personas y con el ánimo de matar, con dolo».
Asimismo, se pide un año de prisión a Juan Silva Vázquez, Miguel Ángel Vázquez y Juan Manuel Díaz Vázquez por la tenencia ilícita de armas.
Por su parte, el abogado de Manuel Vargas, José Duarte, ha señalado que los «coautores» de las muertes fueron miembros de la familia Montoya y que su defendido, para el que pide la libertad y al que supuestamente sólo se le puede acusar de tener armas de una forma ilícita, fue «una víctima» ya que tenían «ánimos de matar».
A su vez, la abogada de José María Montoya, Carlota Garrido, ha aseverado que la costumbre de la etnia gitana es resolver sus diferencias con discusiones pero que la noche anterior al día de los hechos no hubo disparos y que esa jornada los Vargas fueron «en pelotón» ante la vivienda de los Montoya.
Ante esto, ha continuado, su defendido respondió disparando al aire en legítima defensa y que luego hubo un tiroteo, tras lo que ha pedido la absolución para José María Montoya.
Según dijo ayer una agente de la Policía Nacional, un total de 190 disparos se efectuaron «a la altura de la gente que estaba a la altura del suelo» en el tiroteo.
Los principales imputados dijeron en la primera de las tres jornadas del juicio, la del lunes, que efectuaron disparos pero en su propia defensa, al aire y sin ánimo de herir a nadie
