• Ecologistas en Acción y ADENEX expresan su indignación por el auto del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que decide mantener
todos los edificios terminados de la urbanización ilegal Marina de
Valdecañas..
• Conviene recordar que se trata de un caso palmario de incumplimiento
de la normativa ambiental y urbanística, en el que todas las sentencias
de las diferentes instancias judiciales han venido confirmando la
ilegalidad de la urbanización y el papel negligente de la administración
local y extremeña.
• Por tanto, esta sentencia, que será recurrida por los grupos ecologistas,
supone asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos
consumados.
Hace ya más de doce años que dos organizaciones ecologistas, Adenex y
Ecologistas en Acción de Extremadura, iniciaron un proceso administrativo y
judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, en plena
zona Red Natura 2000, un espacio (teóricamente) protegido y no urbanizable.
Resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación
ambiental y urbanística. Por ello, es indignante e incomprensible en un
verdadero Estado de Derecho la sentencia que se acaba de hacer pública. Así,
el fallo contradice abiertamente el resultado de la prueba pericial que realizó
la Estación Biológica de Doñana, que afirmaba claramente que el impacto del
mantenimiento de la urbanización es muy superior al de su demolición.
Tampoco, como se afirma, existe imposibilidad material de ejecutar la
sentencia. Puede ser difícil o costoso, pero desde luego no resulta imposible.
Con esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura viene a
asumir que la política de hechos consumados funciona en España. Igual que
a este Tribunal le faltó valor para ejecutar unas medidas cautelares que
paralizaran la obra en sus principios, ahora le ha faltado ese mismo coraje
jurídico para sentenciar la única solución válida en derecho, y ha acordado lo
que pretendían conseguir tanto la Junta de Extremadura como los
propietarios de esta urbanización ilegal.
Por todos estos motivos, las organizaciones ecologistas, que en ningún caso
pidieron una indemnización económica sino la restauración de la legalidad,
recurrirán esta sentencia.
Las organizaciones demandantes, ADENEX y Ecologistas en Acción de
Extremadura, han sido sometidas a una tremenda presión mediática y política
cuando su único afán era defender la legalidad y el medio ambiente
extremeño. Pero, si se hubiera atendido a las peticiones de las organizaciones
ambientales desde el primer momento, nos habríamos ahorrado una gran
cantidad de problemas y fondos públicos.
Y, en el otro lado, estaba la vergonzosa acción de los diferentes
administradores y responsables políticos, verdaderos responsables de este
fiasco en connivencia con los promotores urbanísticos. Un caso como el de
Marina Isla de Valdecañas en cualquier lugar democrático habría provocar
dimisiones y la petición de disculpas de los responsables políticos a toda la
sociedad extremeña.
Además del daño económico provocado, la acción de los políticos extremeños
ha sido absolutamente irresponsable al diseminar el mensaje falaz de que el
medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un
desarrollo sostenible y justo solo puede partir de un medio ambiente sano y
biodiverso,
