R. DEx, 14 de marzo de 2025.- La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha citado a declarar en calidad de investigado al diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, en el marco de la causa que analiza la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, en la institución provincial.
Cabezas ha expresado su sorpresa ante la citación, aunque ha manifestado su plena disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos cuanto antes. Su comparecencia está relacionada con la selección del funcionario Luis María Carrero para el puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Delegación de Cultura de la diputación pacense, una designación que ha despertado sospechas de irregularidades.
La investigación ha puesto de relieve la existencia de correos electrónicos en los que se sugiere que la adjudicación de este puesto ya estaba decidida 23 días antes de la publicación oficial de las bases del proceso de selección. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado mensajes entre David Sánchez y Luis Carrero en los que daban por hecho la incorporación de este último a la diputación antes de que la convocatoria fuera pública. En uno de ellos, Sánchez le escribe a Carrero: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana aquí…», pese a que en ese momento aún no se habían publicado las bases del puesto.
Por su parte, Cabezas ha asegurado desconocer la existencia de estos correos y ha defendido la legalidad del proceso. «Carrero es funcionario de la Junta de Extremadura, se presentó a una comisión de servicio abierta y fue el único candidato», ha señalado. Además, ha explicado que las comisiones de servicio son «una práctica habitual» en todas las administraciones públicas y que el proceso de selección ha contado con el aval de habilitados nacionales y múltiples funcionarios.
El caso ha salpicado también a otros nombres relevantes. Junto a David Sánchez y Luis Carrero, la jueza ha citado a declarar al director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la diputación y al exasesor de Moncloa, Luis María Carrero. La magistrada ha indicado en su auto la posible existencia de «indicios de criminalidad» en la creación y adjudicación del puesto que actualmente ocupa Carrero.
A nivel político, este caso ha generado un nuevo frente de polémica. En un contexto de alta tensión institucional, la investigación sobre la contratación en la Diputación de Badajoz aviva el debate sobre las prácticas de designación de cargos en las administraciones públicas. Mientras la oposición exige explicaciones y transparencia, el equipo de gobierno provincial trata de contener el impacto mediático y judicial del caso.
La comparecencia de los investigados, prevista para el próximo 25 de abril, será clave para determinar el futuro de la causa y sus posibles implicaciones políticas.
De momento, el caso sigue sumando interrogantes y aumentando la presión sobre la Diputación de Badajoz en un escenario donde la política y la justicia vuelven a cruzar caminos.
