La justicia rechaza los recursos
R. DEx, Badajoz, 23 de septiembre de 2025.- La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que ambos habían presentado.
El tribunal considera que existen indicios suficientes y que será en el juicio oral donde se valoren las pruebas, no en la fase de instrucción.
Reacciones políticas encendidas
La decisión judicial ha desatado un terremoto político. Desde Vox, Óscar Fernández Calle exige la dimisión inmediata de Gallardo. El PP, con voces como José Ángel Sánchez Juliá, Ester Muñoz y Miguel Tellado, habla de «escándalo sin precedentes» y de una situación «inaudita» que en cualquier democracia europea “supondría la caída del Gobierno”.
Incluso Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el “apoyo de todos los poderes del Estado” al hermano de Sánchez.
Gallardo se aferra a la militancia
El líder socialista extremeño ha remitido una carta a sus militantes en la que insiste en su inocencia y recalca que la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz “existía desde hace años y se cubrió con pruebas objetivas de idoneidad”.
Gallardo afirma que no se va a doblegar: “Defenderé la verdad allí donde sea necesario. Seguiré trabajando cada día por mejorar la vida de los extremeños”.
Divisiones y presión interna
Mientras el PSOE regional defiende la “honorabilidad” de Gallardo, voces como la del consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista (PP), reclaman que entregue su acta de diputado autonómico “por respeto a la Asamblea y a Extremadura”.
El escenario queda abierto: ¿resistirá Gallardo en el cargo mientras se sienta en el banquillo?
Lupa DEx
La política extremeña se ve sacudida de nuevo por la colisión entre justicia y poder. Gallardo, que durante dos décadas ha sido referente socialista en Villanueva de la Serena y en la Diputación, afronta ahora la prueba más dura de su carrera: la de la credibilidad.
Que un dirigente en activo, presidente de grupo parlamentario y líder regional de un partido histórico, deba defenderse en los tribunales erosiona no solo su figura, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.
El ciudadano de a pie, cansado de ver cómo los jueces, los políticos y los medios convierten los casos en armas arrojadizas, reclama algo más sencillo: claridad, coherencia y responsabilidad.
El juicio oral dirá si hay delito o no. Pero la política, como espacio ético de servicio público, debería adelantarse siempre a la sentencia y actuar con ejemplaridad.
