La Audiencia de Badajoz fija las fechas del proceso por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas. La acusación popular pide tres años de prisión, mientras la Fiscalía solicita el archivo por falta de indicios.
Redacción Digital Extremadura, 7 de noviembre de 2025.-
La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado para los días 9 al 14 de febrero de 2026 la celebración del juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, en la causa sobre la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense.
La diligencia, dictada este viernes, especifica que las sesiones comenzarán cada día a las 10:00 horas, pudiendo ampliarse en horario de tarde desde las 17:00 horas, en la sede del tribunal provincial. Se prevé que el proceso se alargue durante toda la semana, con la declaración de once procesados y un amplio listado de testigos.
Una acusación de peso político y mediático
La acusación popular, impulsada por Manos Limpias, Vox, HazteOír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el Partido Popular, solicita tres años de prisión para ambos dirigentes socialistas por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación.
El auto de procesamiento sostiene que David Sánchez “tenía conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios se había creado para él”, y que la entrevista fue una mera “simulación de legalidad formal”. Según la jueza instructora, la creación del cargo respondió a “una petición de personas de su entorno” conocedoras de que el hermano del presidente “carecía de trabajo estable”.
La Fiscalía, en sentido contrario: “no hay delito”
En un giro significativo, la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa, al entender que no existen indicios sólidos que sustenten los delitos imputados.
En su escrito, el Ministerio Público afirma que “es absurdo prolongar un proceso condenado al fracaso”, y que la tesis acusatoria se apoya en “conjeturas e hipótesis” sin base fáctica.
La petición de sobreseimiento también se extiende a las otras nueve personas investigadas. Para la Fiscalía, no puede concluirse “de manera patente, clara, inobjetable e irrefutable” que el puesto de trabajo se diseñara “a la carta” para David Sánchez.
Un calendario judicial que roza el calendario electoral
El anuncio de la fecha del juicio llega a poco más de 50 días de las elecciones autonómicas en Extremadura, previstas para el 21 de diciembre de 2025, en las que Miguel Ángel Gallardo será el candidato socialista a la Presidencia de la Junta.
Aunque el veredicto no se conocerá hasta varios meses después, el caso amenaza con convertirse en un factor electoral que condicione la campaña.
Fuentes socialistas consultadas por Digital Extremadura consideran que la derecha “pretende utilizar el juicio como arma política”, mientras desde la oposición se insiste en que “no es ético” concurrir a las urnas con una causa judicial pendiente.
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El peso de la sombra judicial
El juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo se convierte, sin duda, en uno de los episodios judiciales más delicados de la legislatura extremeña. No solo por la dimensión institucional de los acusados —un presidente provincial y el hermano del jefe del Ejecutivo nacional—, sino por su impacto simbólico en un contexto de creciente polarización.
Aunque la presunción de inocencia debe prevalecer, la simple coincidencia de fechas entre una campaña electoral decisiva y la proximidad del proceso penal es dinamita política.
En los próximos meses, Extremadura será terreno de batalla narrativa: unos hablarán de “persecución judicial”, otros de “ética pública y ejemplaridad”.
La sentencia, prevista para la primavera de 2026, puede marcar un antes y un después en el tablero político regional.
