El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, ha anunciado que su grupo utilizará todos los recursos disponibles en el Congreso de los Diputados para luchar contra el cierre de la Central Nuclear de Almaraz. Tellado ha calificado esta decisión como un “disparate” y “tremendamente injusta” para la provincia de Cáceres.
Tellado ha criticado al Gobierno por su intención de cerrar la central de forma anticipada, destacando que esta planta produce el 7% de la energía consumida en España y es una de las más seguras del mundo. Además, ha subrayado que la central proporciona empleo directo e indirecto a casi 3.000 personas en la provincia, y ha acusado al Gobierno de anteponer la ideología a la economía.
Durante su visita a la Central Nuclear de Almaraz, Tellado ha afirmado que la planta está funcionando con normalidad y podría seguir operando más allá de 2027. Ha señalado que el cierre de la central va en contra de las políticas de otros países, que están reabriendo sus plantas nucleares para competir mejor en el mercado energético. Según Tellado, el cierre de Almaraz aumentaría la dependencia de España de los combustibles fósiles y del gas ruso.
Tellado ha asegurado que, si el PP llega al gobierno, revertirá cualquier decisión que lleve al cierre de Almaraz. Ha instado al Gobierno a renunciar a sus planes y permitir que la central continúe operando, garantizando así empleos y electricidad barata.
Por su parte, Mercedes Morán, secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP, ha destacado la importancia de la Central Nuclear de Almaraz para la soberanía energética de España y Extremadura. Morán ha criticado la decisión del Gobierno de cerrar la planta, argumentando que favorecería la despoblación en la región y castigaría a Extremadura por motivos ideológicos.
Finalmente, el presidente del PP provincial de Cáceres, Laureano León, ha resaltado que la mayoría de los extremeños y los vecinos del Campo Arañuelo están luchando por la continuidad de la central. El PP se muestra radicalmente en contra del cierre de la planta, que consideran un “hurto” a la región por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
