Durante el transcurso de una reunión mantenida con los regantes del Guadiana altos dirigentes autonómicos extremeños de la Consejería de Agricultura han reiterado su apoyo al regadío como sector estratégico dentro de la economía regional.
Creo que el apoyo de la Junta de Extremadura al regadío ha sido constante a lo largo del tiempo. Desde las transferencias en la materia que tuvieron lugar en 1985, y especialmente desde 1998 en que se promulgaron los primeros decretos autonómicos de ayudas a la modernización del regadío, siempre la Junta ha estado ahí, tanto manteniendo estas ayudas a lo largo del tiempo, 22 años ya, como fomentando una relación fluida con las comunidades de regantes. Por otra parte junto con la administración general del Estado participa en la finalización de las actuaciones en las zonas regables en ejecución como la de Centro de Extremadura. De igual modo ha promovido estudios y proyectos en nuevas zonas de riego: Monterrubio, Barros, Arroyo del Campo, Ortiga – Guadámez y apoyado a los regadíos tradicionales de montaña especialmente presentes en la provincia de Cáceres.
Pero el futuro del regadío en Extremadura y en España depende no sólo de la buena voluntad y del interés de la comunidad autónoma extremeña o de otras administraciones regionales que también apoyan al regadío, sino de las decisiones de la administración general del Estado que mantiene las competencias sobre el agua en las cuencas intercomunitarias: todas las que afectan a Extremadura. Incluso en último extremo su futuro está ligado a disposiciones de la UE, como es la Directiva Marco del Agua (DMA).
Y por lo que se vislumbra en la futura redacción de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas españolas para el período 2021 – 2027, los regadíos, si las directrices actuales no cambian, pueden encontrarse con serias dificultades, dado el carácter ambientalista de la DMA que es recogido con enfervorizado entusiasmo por el ministerio que ostenta la competencia sobre el agua: el de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Es razonable que se traten de alcanzar los objetivos medioambientales de la DMA respecto al buen estado de las masas de aguas superficiales y subterráneas, pero esto no puede hacerse perjudicando a usos económicos como el regadío, que además existen con anterioridad a la promulgación de la directiva de marras. Cuando en el año 2000 se publicó la DMA se regaban en España unos 3,4 Millones de hectáreas según figuraba en el Plan Nacional de Regadíos redactado un poco antes.
Si se establecen nuevas obligaciones como es la generación de caudales ecológicos para asegurar el buen estado de las masas de agua, paralelamente y con el mismo nivel de exigencia habrían de desarrollarse actuaciones complementarias, para asegurar las garantías de agua para los usos económicos entre ellas las de los regadíos. Si se generan caudales ecológicos a los que se les da preferencia sobre los usos económicos, han de desarrollarse nuevas estructuras de regulación de agua para que ningún uso se vea perjudicado. Máxime teniendo en cuenta las nuevas circunstancias que nos traerá el cambio climático con menos lluvias, más consumo de agua por parte de los cultivos y un incremento en la frecuencia de las precipitaciones torrenciales y de las sequías.
El segundo motivo de preocupación del sector del riego es la probable imposición de nuevos costes ambientales en el proceso de recuperación de costes del agua que establece la controvertida DMA y así se recoge en el proceso de redacción de los nuevos planes hidrológicos.
Este nuevo incremento de costes parece que se va a llevar a cabo sin considerar la situación de las explotaciones agrarias de regadío, ni ver si su capacidad de pago actual es capaz de absorber más costes del agua sobre los que ya se pagan, que no son pocos. Tras el atraco perpetrado al regadío con las nuevas tarifas eléctricas en julio de 2008, que supuso la eliminación de las tarifas especiales de riego, ahora se cierne uno nuevo que ya veremos si el regadío es capaz de soportar. Todavía no he visto un solo estudio en el que se analice si la capacidad de pago de las explotaciones de riego será capaz de hacer frente a estos nuevos costes, que tampoco se han fijado definitivamente, aunque ya hay algunos números.
Supongo que alguien sensato hará ver a los burócratas del ministerio, la barbaridad que sería introducir nuevos costes sin que existan estudios imparciales – he escrito imparciales – que lo justifiquen. Confío en que esta pandemia haya abierto los ojos a muchos españoles sobre el carácter estratégico del sector agrario y del regadío. El desarme de los regadíos constituiría un error gravísimo, así como un atentado contra la seguridad alimentaria nacional al hacerla depender del exterior. Y nos puede pasar lo que ha ocurrido con la compra de las mascarillas, los PCR y los respiradores, si hay que traer los alimentos de fuera.
Así que si queda algo de sensatez por los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el de Agricultura, Pesca y Alimentación que se ocupa de los regadíos (todavía) deberían pensárselo dos veces antes de hundirlos.
Sería muy importante la intervención de las comunidades autónomas que como la extremeña consideran al regadío como un sector estratégico, para evitar que se cometa algún gravísimo error del que luego, cuando no haya remedio, tendremos que lamentarnos.
