Hay pocas cosas en las que estoy de acuerdo con los activistas del ecologismo. Una de ellas es su crítica al uso ilegal del agua que se hace en España en ciertos aprovechamientos casi todos de riego. Un problema que está ahí, pendiente de resolver, debido a la dejación de las administraciones hidráulicas que han mirado para otro lado durante mucho tiempo y también por el miedo de los políticos a perder votos de los numerosos regantes ilegales que proliferan por nuestra piel de toro y por las islas.
El uso ilegal del agua adquiere mayor trascendencia en épocas de sequía como la que se empieza a vivir en buena parte de nuestro país.
Hace unos años un estudio de organizaciones ecologistas calculaba que en España había unos 500.000 aprovechamientos ilegales. Aproximadamente uno por km2 (100 ha) de superficie. Una barbaridad. La administración no desmentía estas cifras. De estos aprovechamientos ilícitos la gran mayoría se destina a riegos.
En determinado momento de mi vida profesional (2004 – 2006) ocupé el cargo de presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en cuyo territorio el uso ilegal del agua es muy acusado en los acuíferos de la parte alta de la cuenca, en Castilla la Mancha. Se estimaba por entonces que existían al menos 26.000 aprovechamientos ilegales en esa zona que operaban sobre unos acuíferos sobreexplotados. Las consecuencias eran: desaparición de los Ojos del Guadiana, turbas en ignición y el parque nacional de la Tablas de Daimiel bajo mínimos de superficie inundada: de más de 2.000 ha teóricamente inundables llegó a tener menos de 50 ha con agua.
Un animoso e ingenuo intento para arreglar aquella lamentable situación, trajo consigo mi destitución del cargo. A día de hoy y a pesar de las compras de derechos de agua realizadas, la situación en las Tablas de Daimiel es similar a la que había entonces. Han transcurrido 16 años.
Hemos de subrayar que los primeros perjudicados por los riegos ilegales, son los regantes legales, aunque estos últimos no parece que lo tengan en cuenta. Tal vez por una errónea interpretación de en qué consiste la solidaridad. Por ejemplo, en los acuíferos del Alto Guadiana, al igual que en otros muchos casos, las extracciones ilegales originan un descenso del nivel freático lo que trae consigo un mayor coste del bombeo para aquellos regantes que tienen sus papeles en orden y sus riegos autorizados con la oportuna concesión. Pero, además, la extracción ilegal de agua reduce las garantías de suministro hídrico a los riegos legales.
Recientemente la organización ecologista WWF ha vuelto sobre lo que ellos denominan el “saqueo del agua” analizando cuatro enclaves en donde adquiere el problema una gran importancia. Se trata de las Tablas de Daimiel, el Mar Menor, Doñana y los Arenales en Castilla y León.
Han detectado en su estudio que se riegan en estos cuatro territorios más de 88.600 ha de regadíos ilegales que extraen un volumen de unos 220 Hm3. Aunque no son cifras muy importantes si se comparan con la totalidad de superficie regada en España (3,7 Millones de ha) y del consumo total de agua anual del regadío en nuestro país, sí son cifras significativas que deberían hacernos reflexionar sobre este problema que es de especial importancia en determinados territorios.
Claro que los ecologistas no dan puntada sin hilo y aprovechan para poner en duda, como hacen siempre, los regadíos en general. En sus manifestaciones en diversos ámbitos propugnan la reducción de los regadíos sin matices. Es una manera de presionar a los organismos de cuenca en el proceso de redacción final de los planes hidrológicos a aplicar en el período 2022 – 2027.
Son hábiles y como además tienen fácil acceso a los medios de comunicación y ejercen fuerte presión sobre el ministerio de Transición Ecológica en donde se ubican, además de la ministra, un buen número de funcionarios y asesores de tendencias claramente conservacionistas, tratan de llevar el agua a su molino y mezclan regadíos legales con ilegales para a río revuelto obtener ganancia de pescadores.
Existen razones legales, sociales y ambientales por las que los riegos ilegales han de ser sancionados y clausurados porque así se defiende el medio ambiente y el uso racional del agua que como todos sabemos es un recurso escaso.
Pero eso es una cosa y arremeter contra los regadíos en general otra muy distinta. Máxime cuando los regantes legales han realizado un esfuerzo extraordinario desde 1998 para modernizar sus regadíos y mejorar la eficiencia en el uso del agua. Y lo están consiguiendo. Se ha ahorrado alrededor del 16 % del agua que se consumía. Y además más de 2 millones de hectáreas se riegan en España por métodos de riego de alta eficiencia, como el goteo. Sólo Israel puede compararse con nuestro país en el uso eficiente del agua.
Así que es razonable que las administraciones competentes en el agua persigan y sancionen los regadíos ilegales. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo y ahora no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, ni se habrían creado expectativas en los regantes ilegales que han visto como el tiempo transcurría y no se les sancionaba. Con lo cual han ido consolidando sus explotaciones agrarias que han pasado a constituir su medio de vida, debido a la pasividad de las administraciones. Y ahora las consecuencias de la sanción y cierre, si se llevan a efecto, serán mucho más duras para ellos y sus economías.
Los políticos como gestores de estas administraciones deberían pensar más en el interés general y en la protección de un recurso tan importante como el agua y menos en la obtención de un puñado de votos.
