Exediles de Urbanismo de Plasencia declaran y niegan ser competentes para ordenar derribos

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Así lo ha trasladado a los periodistas el abogado de Mónica García, Estanislao Martín, quien ha explicado que en el marco de las diligencias previas está el conocer si los concejales de Urbanismo tenían atribuciones para incoar expedientes urbanísticos y sancionadores y si, dentro de sus competencias, podían resolver éstos.

“Interesa mucho a la investigación saber de quién era la competencia para ordenar las demoliciones de viviendas construidas ilegalmente, quién debería haber llevado a cabo éstas y en qué circunstancias se encontraba el Ayuntamiento para poder actuar en este sentido”, ha explicado Martín.

El abogado defensor ha subrayado que, tras la declaración de los dos exconcejales, “ha quedado claro que entre sus funciones no se encontraba la incoación de expedientes urbanísticos ni tampoco la resolución de los mismos”, circunstancia que, según, Martín, también ha sido acreditada en las certificaciones emitidas por el secretario municipal.

“Esto ha quedado claro también en cuanto a la declaración del Policía Local encargado de poner en conocimiento del Ayuntamiento las infracciones urbanísticas, ya que éste ha declarado que siempre daba parte a la oficina urbanística municipal y nunca al concejal delegado”, ha agregado.

La investigación abierta por el juzgado, que arranca a raíz de una denuncia elevada por un particular a la Fiscalía, está en fase de instrucción y figuran como investigados la exalcaldesa Elia María Blanco y los tres ediles que fueron responsables de Urbanismo durante el citado periodo: la ahora diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho.

En concreto, las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables.

A juicio de Martín, de lo que se trata ahora “es de investigar a quién le correspondían todas estas decisiones”.

Por último, el letrado ha subrayado que, en su opinión, el Ayuntamiento de Plasencia “ha actuado correctamente, ya que ha incoado los expedientes, se ha ordenado la paralización de obras, y hay orden de demolición, y hasta ahí es lo que puede hacer un alcalde”, ha afirmado.

Previamente a las declaraciones realizadas hoy, había declarado en calidad de investigada la que fuera alcaldesa en el citado periodo, Elia Blanco Barbero, y en calidad de testigos lo han hecho el secretario de la corporación municipal, el letrado del consistorio en materia de Urbanismo y el arquitecto técnico municipal.

Por lo que respecta a la que también fue edil responsable de Urbanismo y actual diputada autonómica María Victoria Domínguez, que goza de la condición de aforada, la juez apuntó en un auto dictado recientemente que “cuando la causa alcance el momento procesal oportuno se remitirá al TSJ con exposición razonada”.

En dicho auto, la juez desestimó la petición de Domínguez de que no se la tuviera por parte en el procedimiento, ya que como edil de Urbanismo entre junio de 2007 y diciembre de 2010, “a ella le tocaba de lleno” el periodo de investigación, añadió la instructora.


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