EDITORIAL DEx 

Extremadura, 11 de febrero de 2026.

Las versiones contradictorias entre PP, Vox y PSOE sobre quién pidió qué en la investidura de María Guardiola revelan un tablero político erosionado, lleno de desconfianza y con una ciudadanía cada vez más harta de estrategias opacas. Mientras tanto, Extremadura sigue esperando certezas.

La presidenta en funciones, María Guardiola, insiste en que el PSOE llegó a pedirle abstenerse para permitir su investidura. Los socialistas niegan ese extremo con vehemencia. Y Vox, ese actor inevitable que el PP necesita para sumar, observa desde su posición de fuerza ideológica y su tono inflexible, consciente de que es llave y freno al mismo tiempo.

El escenario no es nuevo: ya ocurrió tras las autonómicas de 2023. Pero hoy la tensión está amplificada por el desgaste de estos años, por el clima nacional y por esa polarización que ambos bloques dicen lamentar mientras la practican con una disciplina quirúrgica.

El PP habla de “responsabilidad institucional”. Vox, de “coherencia ideológica”. El PSOE, de “dignidad democrática”.
Y la ciudadanía, simplemente, de cansancio.

La viabilidad aritmética existe; la viabilidad política, no tanto.

Vox mantiene posiciones rígidas en asuntos que afectan directamente a la gobernabilidad de la región: igualdad, inmigración, política agraria, memoria democrática y hasta su visión sobre el modelo autonómico. Para asumir ese marco, el PP tendría que sacrificar parte de su discurso moderado y arriesgar su imagen nacional, sobre todo después de que Guardiola fuera, en su día, presentada como la dirigente llamada a marcar distancia con la ultraderecha.

Sin embargo, la alternativa —un PP gobernando en minoría sin apoyos estables— tampoco parece realista: el bloqueo sería el pan de cada día.

El PSOE, por su parte, acepta que es decisivo pero no quiere aparecer como el salvavidas de una presidenta popular. Niega cualquier contacto que implique facilitar su investidura. Prefiere que el PP cargue con la foto: o pacto con Vox, o repetición electoral emocionalmente tóxica.

Extremadura vuelve a ser escenario, no protagonista. Y ahí está el problema.

La región, golpeada por la crisis del campo, el desempleo estructural, la sequía, la PAC y el retraso ferroviario, necesita un gobierno funcional, capaz de tomar decisiones y comprometer inversiones. Pero la política estatal convierte a Extremadura en moneda de cambio: un territorio que importa cuando suma escaños, pero que se olvida cuando hay que tomar decisiones profundas.

Y mientras los partidos discuten quién llamó a quién, en qué tono y con qué intención, los extremeños siguen esperando:

• Un plan real de industrialización.
• Una respuesta inmediata a los daños por temporales.
• Una modernización del campo más allá de los parches.
• Una estrategia de población que no dependa de eslóganes.
• Infraestructuras que no lleguen siempre tarde.

Extremadura no puede seguir atrapada en guerras ajenas.

Lo que más indigna hoy al ciudadano extremeño no es si Guardiola dijo la verdad o si el PSOE mintió. Lo que enerva es la sensación de que todo se mueve en un teatro de sombras donde nadie explica nada y donde los pactos, vetos y giros estratégicos se negocian sin claridad.

La gente ya ni siquiera pide grandes proyectos: pide decencia, transparencia y estabilidad. Y, a ser posible, que se hable más de Extremadura y menos de las guerras internas entre Madrid, Génova, Ferraz y los intereses de Vox.

Mientras PP, Vox y PSOE siguen cruzando declaraciones y negaciones, Extremadura permanece en pausa. Una pausa que no es neutral: frena inversiones, tensiona la administración y alimenta la desafección política.

El liderazgo se demuestra no solo gobernando, sino explicando, pactando y asumiendo costes. Y, por ahora, ninguno de los actores ha querido pagar ese precio.