El líder del PSOE extremeño denuncia una “decisión inédita” del TSJEx, rechaza dimitir, no recurrirá el auto judicial y acusa a la magistrada Biedma de querer “promocionarse con un caso goloso”
Redacción DEx, Mérida, 3 de julio de 2025.- Miguel Ángel Gallardo ha cargado con dureza este jueves contra el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y contra la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, en el marco del procedimiento judicial que afecta al hermano del presidente del Gobierno, y por el que el propio líder socialista ha sido investigado.
Gallardo ha acusado al TSJEx de “no tener valor para enjuiciarle como diputado” y a la magistrada de buscar “promoción personal a su costa” en un caso que, a su juicio, se ha vuelto “demasiado goloso como para soltarlo y demasiado peligroso como para asumirlo”.
Crítica frontal a la decisión del TSJEx
Gallardo ha calificado de “inédita e incoherente” la decisión del TSJEx, que el pasado miércoles devolvió la causa al juzgado de Badajoz tras declararse no competente. Según el secretario general del PSOE extremeño, esta decisión “vulnera el Estatuto de Autonomía”, al mantenerle como diputado pero negarle la condición de aforado, lo que impide que sea el alto tribunal quien instruya el caso.
“Resulta curioso que pueda ser diputado sin ser aforado. Lo que han hecho es lavarse las manos”, ha sentenciado, asegurando que juristas de reconocido prestigio avalan su interpretación.
Reproches a la jueza Biedma y defensa cerrada de su escaño
Gallardo ha ido más allá al criticar directamente a la jueza instructora del caso, acusándola de “no querer soltar el caso del hermano de Sánchez” y de “negar testificales relevantes como la del diputado Antonio Garrote” —quien firmó las bases del contrato investigado— por ser aforado. Según él, si Biedma llamaba a Garrote, “perdía la pieza más codiciada del procedimiento”.
“Ha llamado a declarar a todo el que pasaba por la puerta de la Diputación, incluido al vendedor de la ONCE, pero no al firmante del contrato”, ha ironizado el líder socialista.
Gallardo ha defendido su acceso a la Asamblea de Extremadura como “legal, legítimo y democrático”, insistiendo en que “nadie ha vulnerado la ley” y que su entrada fue decisión de la Junta Electoral, no una maniobra de aforamiento.
“No me he aforado. Me he presentado con la cabeza alta y la conciencia tranquila. Lo fácil sería irme, pero no voy a dimitir porque vine a confrontar políticas y combatir al peor gobierno de la historia de Extremadura”, ha dicho en clara alusión al ejecutivo de coalición PP-Vox.
No recurrirá el auto “por principios”
Pese a tener “argumentos sólidos” y el consejo contrario de su abogado, Gallardo ha asegurado que no recurrirá el auto judicial del TSJEx, como muestra de coherencia. “Si recurriera, daría la razón a quienes creen que vine a la Asamblea para aforarme. No era mi intención, vine a hacer política”.
Además, ha afirmado que no teme ser juzgado en Badajoz o en el TSJEx, pues no hay jueces buenos ni malos, “hay jueces, y punto”.
Reivindicación de la libertad de expresión ante resoluciones judiciales
Gallardo ha reivindicado su derecho a expresar opiniones sobre resoluciones judiciales “injustas o inapropiadas”, igual que —ha dicho— la jueza Biedma se ha permitido poner en sus autos “valoraciones políticas del PSOE que no compartimos”.
“Poner en cuestión la intencionalidad de un partido político es muy peligroso para la democracia”, ha advertido, al tiempo que ha recordado precedentes similares del PP: “Feijóo y Tellado también reubicaron a compañeros para ser senadores, y nadie dijo nada”.
COMENTARIO EDITORIAL
El laberinto de la justicia y la política en versión extremeña
Miguel Ángel Gallardo ha pasado al contraataque. Su comparecencia no ha sido una simple defensa: ha sido un puñetazo político en la mesa judicial. Y lo ha hecho con nombre y apellidos: Beatriz Biedma, la jueza, y los magistrados del TSJEx.
¿Está en su derecho? Por supuesto. ¿Ha sido prudente? Eso es otra cosa. Acusar a una jueza de actuar por vanidad personal y a un tribunal superior de cobardía es tan arriesgado como inédito. Pero Gallardo, consciente del desgaste público, ha optado por virar de investigado a combatiente.
En esta historia, todos parecen querer quitarse el caso de encima… salvo la jueza de Badajoz. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho. Sea por cálculo político, por rigidez legal o por vértigo institucional, lo cierto es que este “caso goloso” huele más a batalla partidista que a búsqueda limpia de la verdad.
Gallardo sigue siendo diputado, pero con un relato cargado de épica que roza el martirio institucional. Ahora le toca demostrar, más allá de sus palabras, que su entrada en la Asamblea no fue un salvavidas jurídico, sino un proyecto político. De lo contrario, la sospecha —como el caso— tampoco lo soltará tan fácilmente.
