EDITORIAL DEX| POLÍTICA Y TRANSPARENCIA
Digital Extremadura
Lo que está ocurriendo en Extremadura con Miguel Ángel Gallardo no es solo un episodio más del ajedrez político regional. Es un auténtico hervidero político y social de dimensiones nacionales. Y sin embargo, la respuesta institucional y mediática apenas ha rozado la superficie de lo que podría convertirse —si no lo es ya— en una operación calculada para blindar judicialmente al secretario general del PSOE extremeño en mitad de una tormenta ética y legal.
Porque conviene decirlo claro: el proceso por el que Gallardo, tras renunciar a la Diputación de Badajoz, entra en la Asamblea por la puerta trasera de un encadenado de dimisiones dentro de su propia lista, es pura estrategia. Y calculada maniobra. A un intento de adquirir el aforamiento parlamentario justo antes de que el caso por la contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, empiece a estrechar su cerco.
El aforamiento no fue concebido para esto. No es una capa de invisibilidad para políticos acorralados por sus propios excesos o malas decisiones. Y sin embargo, eso es en lo que lo han convertido muchos partidos —no solo el PSOE, que conste— durante años de abuso institucional y mutismo parlamentario. Curiosamente, Vox, a través de su diputado Óscar Fernández, en esta ocasión, ha hecho pública una iniciativa que está por ver la reacción de los otros grupos parlamentarios extremeños El PP es obvio que tiene la llave y con ella, la responsabilidad, que sería histórica, de decidir si se suma a desmontar ese blindaje o si prefiere seguir escudándose en la ambigüedad.
¿De verdad pueden los ciudadanos confiar en sus instituciones si observan cómo alguien imputado en un caso que involucra al círculo más próximo al poder central consigue aforarse con el visto bueno de su propio partido y sin una sola crítica del Gobierno regional o viviremos algo distinto al respecto ?
El silencio, en este contexto, sería complicidad. La normalización de estas prácticas, un tumor democrático. Y el caso Gallardo exige respuestas políticas, judiciales y sociales a la altura de su gravedad y repercusión, evidentemente con dimensión nacional. Hoy miércoles, 21 de mayo, es el ejemplo palmario de como está la Política y en manos de quien está.
Nadie pide juicios mediáticos ni linchamientos. Pero sí transparencia. Sí limpieza. Sí valentía institucional. Quien no delinque no tiene miedo a la justicia ordinaria.
Extremadura no puede permitirse más sombras. Si este caso se resuelve con palmaditas en la espalda, risas forzadas por las circunstancias, puertas giratorias y fórmulas legales para esquivar la rendición de cuentas, estaremos legitimando lo peor de la política.
Y entonces, la pregunta que flotará en el aire será inevitable: ¿ Cuantos Gallardo más se estarían preparando para aforarse en silencio, da igual su afiliación o cargo político?
