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Gobierno y agentes sociales firman la reforma de las pensiones

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Los agentes sociales y el Gobierno han procedido en la mañana de este jueves a la firma del acuerdo para la reforma de las pensiones alcanzado a principios de semana. En el pacto se establece, entre otras medidas, que las pensiones se revalorizarán de manera automática según el IPC; se aumentan las bonificaciones al retraso de la jubilación y se incrementan las penalizaciones para los que deseen adelantarla; y se deroga el factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy, con el compromiso de sustituirlo por otro mecanismo, aún por determinar. «El objetivo de esta reforma no es otro que garantizar el poder adquisitivo y asegurar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones», ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los sindicatos, la patronal y el Ejecutivo se han felicitado por haber alcanzado un acuerdo después de unas negociaciones «complejas», «en las que todos hemos cambiado nuestras posiciones de partida», ha asegurado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. «Estas medidas van a garantizar nuestro sistema público de pensiones. Damos horizonte, damos estabilidad, damos claridad. Nuestro sistema es totalmente viable, sostenible y lo estamos demostrando», ha insistido por su parte el presidente.

«Estamos ante un acuerdo especialmente importante. Lo es por el contenido, pero sobre todo lo es porque restablece el consenso y el acuerdo en el pacto de Toledo», ha comentado el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, quien ha celebrado especialmente la revalorización de las jubilaciones según el IPC. «Los pensionistas tienen la seguridad de que sus pensiones se revalorizaran según el coste de la vida gobierne quien gobierne», ha señalado.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha remarcado que «el acuerdo por encima de todo genera confianza». Sin embargo, el representante de los empresarios ha querido enfatizar que el factor de sostenibilidad «se sigue manteniendo». «Llamémoslo como queramos», ha puntualizado, pero finalmente habrá un mecanismo que vele por la sostenibilidad del sistema. Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para llegar a un acuerdo al respecto, de manera que pueda introducirse en la nueva ley de pensiones, que se prevé que entre en vigor en 2022, vía enmienda.

A su vez, tanto sindicatos como patronal han recalcado que esta es tan solo la primera parte del acuerdo, ya que todavía quedan por negociar temas como el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas. «Será complicado (…) Espero que podamos llegar a un acuerdo», ha dicho Garamendi. «Las próximas negociaciones no van a ser sencillas y no lo van a ser por la parte empresarial pero tampoco por la parte sindical. En el acuerdo de 2011 hicimos un gran esfuerzo, justamente porque se aventuraba una crisis económica en el país. Las condiciones de hoy no son la misma, partiremos del acuerdo de 2011», ha asegurado en este sentido el secretario general de UGT.


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