El Ministerio de Vivienda notifica a las webs de reservas los alojamientos revocados por incumplir la normativa. Cáceres encabeza el listado con casi un centenar de casos.
Juan Preciado para Digital Extremadura, Madrid, 14 de septiembre de 2025.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas digitales la existencia de 181 pisos turísticos ilegales en Extremadura que deberán ser eliminados de inmediato de sus catálogos.
Se trata de alojamientos que solicitaron el número de registro obligatorio, vigente desde el pasado 1 de julio, pero cuya inscripción fue revocada por incumplimiento de los requisitos legales, según ha precisado el Ejecutivo central este domingo.
La medida busca acabar con la oferta sumergida que, a menudo, compite de manera desleal con el sector hotelero y compromete tanto la seguridad de los usuarios como la convivencia vecinal.
Un registro pionero en Europa
España ha sido el primer país europeo en poner en marcha un Registro único de alojamientos temporales, desarrollado junto al Colegio de Registradores. Esta herramienta permite cruzar automáticamente los datos con las plataformas digitales, que colaboran en la identificación y retirada de anuncios sin código válido.
Desde su puesta en marcha el pasado 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a pisos turísticos. De estas, 53.786 han sido revocadas, lo que supone un 20,3%.
Cáceres, a la cabeza de las revocaciones
En el caso extremeño, Cáceres es la provincia más afectada, con 98 pisos turísticos ilegales detectados. En Badajoz, la cifra alcanza los 83.
Por municipios, destacan Cáceres capital (26 casos), Mérida (21), Losar de la Vera (13), Badajoz (8) y Jerez de los Caballeros (6) como los puntos negros de la oferta irregular.
LUPA DEx
Extremadura no es ajena a un fenómeno que sacude con fuerza a todo el país: el auge descontrolado de los pisos turísticos ilegales. El dato es claro: más de 180 anuncios detectados en apenas ocho meses de aplicación del registro único. La pregunta es obligada:
¿Habrá capacidad real de control para que estos pisos desaparezcan de las plataformas o quedará en mero aviso burocrático?
¿Qué mecanismos se activarán para sancionar a los propietarios reincidentes y garantizar que la oferta legal no compita en desventaja frente al fraude?
Porque en este terreno lo de menos es el número: lo importante es si de verdad se cumple lo notificado. Y ahí está el reto.
