Una operación conjunta entre la Agencia Tributaria y las Fuerzas de Seguridad desmantela un negocio clandestino de productos falsificados valorados en 145.000 euros
R. DEx, 28 de mayo de 2025.- El recinto ferial de Cáceres fue, el pasado lunes, escenario de una intervención coordinada contra la venta fraudulenta de productos falsificados. La denominada operación ‘Fake’, desplegada por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y un perito judicial de marcas, culminó con la incautación de 1.835 artículos presuntamente falsos, desde ropa y juguetes hasta efectos varios, con un valor estimado que ronda los 145.000 euros.
Un golpe certero contra la economía sumergida que se apoya, una vez más, en la fuerza de la cooperación entre instituciones.
Inspecciones en puestos sospechosos y sin documentación
El operativo, que se desarrolló con discreción y firmeza, incluyó la inspección de varios puestos que despertaron sospechas por la baja calidad de los productos ofertados. Al requerir la documentación correspondiente, los responsables no pudieron acreditar la procedencia legal de la mercancía. El análisis visual, junto con la intervención del perito judicial, permitió confirmar que se trataba de productos falsificados.
Dos investigados y tres detenidos en situación irregular
Además de la retirada de mercancía, el dispositivo derivó en la investigación penal de dos personas, una de ellas también denunciada por infracciones administrativas relacionadas con el contrabando, la venta de pirotecnia y la Seguridad Social.
Paralelamente, tres varones en situación irregular fueron detenidos y puestos a disposición de la Brigada de Extranjería, que además asumió la tutela de un menor extranjero no acompañado de 17 años en situación de desamparo.
Una red que amenaza al comercio legal y a la seguridad ciudadana
Desde la Agencia Tributaria y los cuerpos policiales implicados se destaca el grave perjuicio que este tipo de actividades representa: no solo atenta contra la propiedad industrial y los comercios que cumplen con la ley, sino que puede poner en riesgo la salud de los consumidores al tratarse de productos sin controles de calidad.
El comunicado conjunto subraya que estas actuaciones “no son sólo una respuesta punitiva, sino una defensa del tejido económico responsable y del derecho del consumidor a adquirir productos seguros”.
