Feijóo planta cara al modelo de financiación y Extremadura levanta la voz
Redacción DEx, Zaragoza, 18 de enero de 2026.
Zaragoza fue este domingo algo más que un escenario político. Fue el lugar elegido por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para escenificar un rechazo frontal al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un modelo que, salvo Cataluña, ha concitado el rechazo unánime del resto de comunidades autónomas.
Feijóo exigió públicamente al presidente del Gobierno que retire su propuesta y dé marcha atrás, al tiempo que presentó la denominada Declaración de Zaragoza, un documento suscrito por todos los presidentes autonómicos del PP —entre ellos la extremeña María Guardiola— en el que los populares se comprometen a promover, si llegan al Gobierno, un sistema de financiación “justo, transparente y pensado en todos los españoles”.
El líder popular cargó duramente contra el planteamiento del Ejecutivo central, al que acusó de avanzar hacia un “desguace del Estado” mediante acuerdos bilaterales, en referencia directa al pacto entre Sánchez y Oriol Junqueras. Un pacto que, a juicio de Feijóo, rompe la igualdad entre territorios y convierte la financiación autonómica en moneda de cambio política.
Extremadura no se resigna
Desde la óptica extremeña, el mensaje fue aún más contundente. Tras la firma del documento, María Guardiola elevó el tono y calificó la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y ERC como “un atraco”, dejando claro que no aceptará que Extremadura sea tratada como una región de segunda categoría.
“Cero euros. Ese es el precio que Pedro Sánchez pone a nuestra tierra con el nuevo sistema de financiación”, escribió la presidenta en funciones de la Junta, subrayando que no se trata de solidaridad interterritorial, sino de una redistribución que castiga de forma directa a comunidades como Extremadura.
Lupa DEx
Financiación a la carta, desigualdad garantizada
Bajo la lupa, el debate trasciende siglas y declaraciones solemnes. Lo que está en juego es si el sistema de financiación autonómica seguirá respondiendo a criterios objetivos —población ajustada, dispersión, envejecimiento, renta— o si quedará supeditado a pactos coyunturales con socios parlamentarios concretos.
Para Extremadura, una comunidad históricamente infra financiada y con mayores costes estructurales para prestar servicios públicos, cualquier modelo que se negocie de forma bilateral y excluyente supone una amenaza directa. No es una cuestión ideológica, sino aritmética: menos recursos implican menos capacidad para garantizar sanidad, educación y dependencia en igualdad de condiciones.
La Declaración de Zaragoza pretende marcar una línea roja. Otra cosa será si el ruido político permite, algún día, un debate sereno y multilateral sobre financiación. De momento, lo que queda claro es que Extremadura no está dispuesta a pasar por caja… para pagar siempre ella y recoger unas migajas o como en el caso que nos ocupa, cero euros.
