La Junta denuncia “injerencia” estatal, requisitos imposibles y un golpe directo a Uninde y a los otros tres proyectos en marcha

Un recurso que agita el tablero universitario extremeño

Mérida, 9 de diciembre de 2025. DEx

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha decidido este martes recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 905/2025, la norma aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que endurece las condiciones para crear universidades privadas en España.

La presidenta María Guardiola, respaldada por su portavoz Elena Manzano, considera que el decreto es una “injerencia” estatal, fruto de una “visión sectaria”, y que limita la implantación de nuevos centros universitarios en la región justo cuando Extremadura se prepara para dar el salto a un escenario donde convivirán cinco universidades.

Según Manzano, la urgencia con la que Moncloa aprobó la nueva regulación “no estaba justificada” y, además, fija exigencias muy difíciles de cumplir en regiones como la nuestra, entre ellas:

• Un mínimo de 4.000 estudiantes.
• Un volumen elevado de profesorado doctor, especialmente complejo de atraer en zonas con baja densidad universitaria.

“Como profesora universitaria, sé que eso es prácticamente imposible en Extremadura”, afirmó Manzano.

La batalla del control: quién decide si una universidad puede abrir

Una de las líneas rojas de la Junta es la obligación de obtener, antes de cualquier aprobación regional, un dictamen favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria.

Manzano lo resume así:

“No tiene sentido acudir a órganos externos cuando las competencias son autonómicas”.

Este punto es especialmente sensible porque Uninde, la primera universidad privada aprobada por la Asamblea gracias a PP y Vox, recibió precisamente un informe desfavorable de la Conferencia de Política Universitaria. Además, el Consejo Económico y Social de Extremadura emitió objeciones importantes.

Los cambios sucesivos introducidos por la Junta en el proyecto llevaron incluso al Consejo de Estado a devolver el expediente, alertando de que era necesario reiniciar todo el procedimiento. La Junta decidió enviarlo igual a la Asamblea, sin dictamen, pese al aviso de la Abogacía General, que consideraba el informe “imprescindible y legalmente exigido”.

El decreto también afecta a otros proyectos privados

Además de Uninde, la región tiene tres proyectos más en tramitación:

• Universidad Europea de Extremadura
• Universidad CEU Núñez de Balboa
• Universidad Abierta de Extremadura

La Junta rechaza también:

• La retroactividad del decreto, que afectaría a expedientes ya en marcha.
• La categoría de “universidades de especiales características” para centros con más del 80% de docencia virtual o híbrida, algo que, según la Junta, limita nuevos modelos universitarios.

 LUPA DEx

¿Defensa de competencias o blindaje de proyectos cuestionados?

La ofensiva judicial del PP extremeño tiene un recorrido político evidente: blindar Uninde y, por extensión, los demás proyectos universitarios privados impulsados en los últimos meses, varios de ellos con informes negativos o condicionados.

La batalla no es solo jurídica. Es ideológica, territorial y también estratégica.
Guardiola defiende su autonomía frente a Madrid, pero lo hace después de haber aprobado una universidad sin completar el procedimiento y con avisos claros de órganos consultivos estatales y autonómicos.

El decreto del Gobierno central —que endurece los requisitos, sí— llega en un momento en el que Extremadura quiere acelerar su carrera hacia la diversificación universitaria. Pero la pregunta que queda bajo la Lupa DEx es ésta:

¿Es el recurso una defensa sincera de la autonomía extremeña o un intento de sortear controles que ya frenaron el modelo Uninde?

La respuesta, como casi siempre en la política universitaria, no está escrita en los decretos, sino en los equilibrios.