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Habrá sanciones de hasta 600.000 euros por consumo de alcohol por menores

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Con este texto se pretende garantizar el derecho a la protección de la salud de los menores, ya que recientes estudios sitúan la edad de inicio en el consumo de alcohol entre los 12 y 13 años.

La presente norma tiene entre sus objetivos prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en menores de dieciocho años así como el desarrollo de medidas de prevención, sensibilización y detección del consumo de alcohol y el desarrollo de programas e impulso de actividades de ocio alternativo, entre otros.

Según recoge el proyecto de ley se prohíbe el suministro, gratuito o no, de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como su consumo por parte de éstos y se regula el consumo de alcohol en las vías y zonas públicas.

Asimismo se establecen las limitaciones del acceso de menores a los locales, de manera que se les prohíbe la entrada a salas de fiesta, bailes, discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de alcohol, salvo cuando haya actividades en directo, en cuyo caso, los menores de dieciséis años deberán ir acompañados de sus progenitores o tutores.

No obstante, se admitirá la entrada de los mayores de catorce años cuando haya sesiones destinadas a este colectivo y se retiren las bebidas alcohólicas y su publicidad y no estén conectadas las máquinas de juego ni las expendedoras autorizadas de bebidas alcohólicas.

Además se tipifican las infracciones en leves, graves y muy graves. De esta forma, las primeras podrán ser sancionadas con apercibimiento o con una multa desde 60 hasta 600 euros; para las segundas se podrá imponer una multa desde 601 hasta 30.000 euros y/o suspensión temporal de la actividad y/o con cierre temporal, total o parcial, del establecimiento.

Las sanciones muy graves serán sancionadas con una multa desde 30.001 hasta 600.000 euros y/o cierre, total o parcial, del establecimiento por un periodo de hasta cinco años.

Los ayuntamientos de la región tendrán capacidad sancionadora en relación a las infracciones leves, las graves serán sancionadas por la consejería competente en la materia y las muy graves serán sancionadas por el Consejo de Gobierno, según la portavoz.

En esta línea, Gil Rosiña ha abogado por la necesaria coordinación y comunicación entre las instituciones sancionadoras, además de resaltar que esta norma «no viene a poner el foco» solo en las funciones sancionadoras de los poderes públicos sino en la función preventiva en ámbitos como el social, el sanitario, el educativo y el familiar.

Asimismo, Isabel Gil Rosiña ha destacado que esta norma también pone el acento en las sanciones que persiguen «reeducar» a los jóvenes y ayudarles a que tengan «una segunda oportunidad», como por ejemplo, trabajos a la comunidad y tareas en beneficio de la sociedad.

En su intervención, la portavoz del Ejecutivo regional ha expuesto que la legislación vigente se había quedado «desactualizada», motivo por el que desde el inicio de la legislatura se decidió trabajar para llegar a redactar una nueva normativa que derogase a la Ley de Convivencia y Ocio, que se aprobó en 2003.

En esta línea, ha resaltado que el proyecto de ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores de Edad ha nacido fruto de un «proceso participativo» y lo ha hecho de «abajo a arriba».

Asimismo, Gil Rosiña ha abundado en que el proyecto de ley establece que la Junta de Extremadura pondrá en marcha el Plan Autonómico de Prevención y Sensibilización en el Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores de Edad, cuyo encargado de elaborarlo será el Consejo de Convivencia y Ocio de la comunidad, entidad nacida al amparo de la anterior normativa y que se mantiene en la nueva.

Dicho plan tendrá una duración de cuatro años y se remitirá a la Asamblea de Extremadura junto con una evaluación anual del seguimiento y desarrollo de la ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores de Edad.

Cabe destacar que este norma no entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), si no que lo hará a los seis meses para dar tiempo a que los ayuntamientos adapten sus ordenanzas municipales al contenido de esta nueva ley.


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