LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÁCERES en HUELGA INDEFINIDA convocada por las tres asociaciones profesionales de letrados, CNAL, UPSJ Y AInLAJ, desde EL 24 de enero van a realizar una CONCENTRACIÓN el día 8 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 12,00 HORAS EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA SITO EN AVENIDA DE LA HISPANIDAD S/N, EXPONIENDO LAS RAZONES PRINCIPALES DE LA MISMA, POR DIGNIDAD, POR JUSTICIA, POR IGUALDAD que se traduce en :
INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DE JUSTICA CON LAS ASOCIACIONES DE LETRADOS DE LA ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA REALIZADOS EN ABRIL DE 2022
Inmediato acuerdo sobre la adecuación salarial, real y efectiva, con equiparación al resto de grupos A1 de la Administración de Justicia y de la Administración General del Estado.
» Entre las competencias asumidas básicamente tras la reforma legislativa realizada en 2009, que incluyó el traspaso de algunas competencias judiciales, se encuentra la dirección técnico-procesal en todas las oficinas judiciales lo que supone la responsabilidad de toda su actividad. Asumir la tramitación de los procedimientos judiciales (desde la admisión a trámite de la demanda hasta el señalamiento del día y hora del juicio), la resolución de los recursos de reposición, la resolución de las impugnaciones de costas, procedimientos de reclamación de honorarios de letrados y procuradores , la tramitación de la ejecución civil, contenciosa, laboral y administrativa, incluida la averiguación patrimonial e investigación de bienes del ejecutado, el embargo de sus bienes, su efectividad, todo el procedimiento de apremio, lanzamientos, subastas judiciales, adjudicación de los bienes subastados y su entrega al comprador, la tramitación de todos los expedientes de jurisdicción voluntaria y la resolución de muchos de ellos, las conciliaciones civiles y sociales, otros actos en el ámbito del derecho de familia y sucesiones como liquidaciones e inventarios, celebración de bodas en el ámbito del Registro Civil; información de derechos a los intervinientes, así como diligencias de guardia en el ámbito de la instrucción penal (diligencias de entrada y registro cotejos, verificación en las intervenciones telefónicas de las transcripciones realizadas por fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes de la fe pública judicial , entre otras, y el control y la responsabilidad que genera la dación en cuenta así como el impulso procesal de oficio.»