El Impuesto de Sucesiones suceptible de diálogo entre Junta y grupos políticos

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La Junta de Extremadura está “dispuesta” a “modificar” el Impuesto de Sucesiones en la región con la finalidad de poner en “valor” y mejorar las bonificaciones existentes, así como también de “mejorar” los mínimos exentos.

El Ejecutivo autonómico propone a los grupos parlamentarios “consenso” y “voluntad de diálogo” para abordar tal medida.

Al respecto, la consejera de Hacienda Blanco-Morales ha insistido en que la medida “tiene que ser consensuada” con los grupos parlamentarios porque “tiene que ser instrumentada” en una ley de acompañamiento que, según ha añadido, “se debe negociar en paralelo a la negociación” de los Presupuestos de Extremadura para 2018.

Ha invitado así a los grupos con representación en la Asamblea a sumarse al “diálogo” desde “su responsabilidad de defensa de los intereses de los extremeños, en el marco de defensa de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la voluntad de diálogo para resolver los problemas de Extremadura y los problemas de España”

Además, y tras volver a exigir una armonización fiscal en España, la consejera ha rechazado plantear el modelo que la Junta propondrá a los grupos políticos hasta que estos realicen sus “aportaciones” en materia de Impuesto de Sucesiones, al tiempo que en todo caso ha subrayado su disposición a “discutir” los modelos existentes en esta temática.

También ha recordado que la medida en cuestión estará acompañada en su momento de una rebaja en el IRPF en Extremadura, tal y como ya anunció el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el pasado Debate sobre el Estado de la Región; al tiempo que ha insistido en que en todo caso se requieren otras “alternativas” en materia de financiación que requieren “la aportación de todos”.

Tras apuntar, igualmente, que en 2016 la Junta recaudó en Extremadura 38 millones por el Impuesto de Sucesiones, ha insistido en la necesidad de seguir cumpliendo con los objetivos de estabilidad marcados “sin recortes” y con “alternativas” de recursos de financiación.

Así, ha recalcado que “la decisión (sobre el Impuesto de Sucesiones en la región) no está cerrada”, sino que el Ejecutivo autonómico cree –ha incidido– en la “negociación” y el “diálogo”; tras lo cual ha reiterado la apuesta por examinar modelos existentes en esta materia y determinar también al mismo tiempo las “alternativas” que los diferentes partidos puedan plantear.

En este sentido, a preguntas de los medios, ha dudado de que el PP en Extremadura haya pedido la supresión total del citado impuesto, toda vez que esto “no se puede producir” al tratarse de un gravamen estatal.

REACCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García,  ha indicado que  si se deja de recibir ingresos por la armonización de impuestos, el Gobierno de España ,en el sistema de financiación autonómica, “tendrá que poner los recursos necesarios para que los servicios públicos que prestamos a los extremeños se presten con la calidad suficiente”.

“Es verdad que en estos momentos hay que combinar adecuadamente la armonización de la situación, que no es de las peores de España, con la que tienen las comunidades autónomas limítrofes con nosotros y también hay que decir que, evidentemente, el Gobierno de España, que es el titular de este impuesto, que lo tiene cedido a las comunidades autónomas, debería trabajar con las comunidades autónomas para su armonización y, en función del resultado final, poner en la cesta del sistema de financiación autonómica los recursos que puedan retraerse de la armonización de este impuesto”, ha indicado.

Por su parte, la portavoz ‘popular’, Cristina Teniente, ha considerado que el anuncio de la consejera de Hacienda es una “evolución” que su grupo tiene que recibir “bien”. “Dos años peleando (la consejera) con este grupo para eliminar todas las bonificaciones que nosotros introdujimos en la anterior legislatura y que se empeñó en quitar las bonificaciones en el impuesto de donaciones”, ha indicado.

Por ello, ha indicado que, “bienvenido sea”, si después de “dos años se ha dado cuenta que se equivocó”, aunque ha añadido que habrá que ver cuál es el grado de compromiso con relación con esta cuestión, “no vaya a ser que sea como el grado de compromiso de hace siete meses”, cuando el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se comprometió en pleno a estudiar dicho impuesto para detectar “hechos injustos” y aún no se conoce nada, ha criticado la ‘popular’.

Finalmente, la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha rehusado pronunciarse sobre esta cuestión, ya que será abordado en el pleno de este próximo jueves en la Asamblea de Extremadura a través de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.

 


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