El sector agrario está agitado e inquieto. Sus gentes suelen ser tranquilas y pacíficas, pero desde hace ya algún tiempo están recibiendo varapalos diversos. Y se les ha agotado la paciencia.
Si de verdad se quiere mantener la actividad en el medio rural e impedir que la España interior se siga vaciando, es imprescindible la existencia de un sector agrario potente y rentable. El cual ha de ir complementado con la industria agroalimentaria necesaria para transformar y comercializar sus producciones.
Pues bien en los momentos actuales cuando existe tanta teórica preocupación por la España vaciada, resulta que el agro español está recibiendo un notable maltrato. Lo que ha llevado a que nuestros campesinos inicien movimientos de protesta para denunciar el menoscabo que están padeciendo en sus rentas.
Aparte de otros muchos, uno de los problemas principales del sector ha sido y es la estabilidad mantenida a lo largo del tiempo en el nivel de los precios agrarios. En contraposición se han producido incrementos muy notables en el coste de los inputs que los agricultores y ganaderos necesitan utilizar para obtener sus productos.
Un ejemplo. El maíz en el año 1990, cuando participé en la redacción del Plan General de Transformación de la zona regable Centro de Extremadura, se pagaba a 30 pesetas el kilo. Hoy año 2020 su precio es de unos 180 €/t. Que equivale a 30 pesetas el kilo. ¿Es esto lógico? ¿Y se preguntarán ustedes, por qué se sigue cultivando maíz?
Creo que la causa radica en que la producción unitaria, gracias a la mejora en la técnicas de cultivo, en las variedades utilizadas y en sus ciclos, ha crecido desde unos 8.000 kg/ha en los año 90 hasta más de 14.000 kg/ha en la actualidad.
En el tomate para transformación ocurre tres cuartos de lo mismo. Su cultivo se mantiene por el aumento de producción unitaria alcanzado, ya que el precio lleva años estabilizado en torno a los 75-78 €/t.
En contraposición con la estabilidad de precios el coste de los inputs se ha incrementado sensiblemente. Los fertilizantes, piensos, semillas y plantones, productos fitosanitarios y veterinarios, la energía, los combustibles, el agua y la mano de obra han experimentado notables subidas de precio. Podíamos estimarlas en como mínimo un 25 %. Esto se traduce en que la capacidad de pago de las explotaciones agrarias, se reduce paulatinamente de modo que muchas han de abandonar por falta de rentabilidad.
Algunos justifican la estabilidad de los precios en que los campesinos reciben ayudas de la PAC. De la renta agraria en Extremadura del año 2018 algo más del 31 % correspondía a subvenciones de la política agraria europea. Aunque los pretendidos beneficios de la PAC darían para escribir un libro bastante gordo. Los buenos empresarios agrarios no necesitan de subvenciones. Precisan de precios suficientes que hagan sus explotaciones rentables y permitan una gestión con criterios empresariales. En mi opinión la política de subvenciones es nefasta. Tal vez sea yo la única voz que clame en el desierto. La subvención es perjudicial para el buen empresario agrario y se convierte en una sopa boba para el malo.
Pero es que el consumidor tampoco sale beneficiado de la estabilidad de los precios en origen. Son los intermediarios, como siempre, los que hacen su agosto y se llevan las ganancias. Productos que se pagan en el campo a 0,3 €/kg se venden al consumidor a 3 €/kg. Ya me contarán. La polka frutera de Los Sabandeños “Es un intermediario” describe la situación.
La última barrabasada oficial cometida respecto de los costes agrarios ha sido el incremento desmesurado habido en la fijación del salario mínimo interprofesional. En la campaña 18-19 experimentó un incremento del 22,3 % y esta campaña del 2020 lo hará en un 5,5 %. Consecuencia: en Extremadura por ejemplo se ha producido un importante incremento en el desempleo agrario. Un buen número de explotaciones se muestran incapaces de poder pagar estos nuevos salarios. Así lo han manifestado con total unanimidad los dirigentes de las asociaciones agrarias. El campo ya no aguanta más y se está levantando en una enérgica protesta. Es totalmente lógico.
Pero no sólo está el problema de los precios y los costes. Nos quedan situaciones agresivas para el sector como las consecuencias del Brexit, los aranceles de Trump o importaciones incontroladas de productos de terceros países que bordean la competencia desleal.
Como remate hay movimientos pseudoecologistas, con gran influencia en la opinión publicada y desgraciadamente en las administraciones, que están decididamente en contra del sector agrario. Lo acusan de gastar agua, de contaminar y de otras lindezas. Incluso lo demonizan como causante del cambio climático cuando su participación en las emisiones netas es del 0,4 % del total. Ignoran el efecto sumidero de CO2 que aporta el sector agrario. Y pasan por alto los esfuerzos que se han hecho para ahorrar agua y para ser más sostenibles.
Además olvidan que gracias al sector agrario se alimenta la humanidad, sus producciones son una importante componente de nuestras exportaciones, se fija la población al territorio, se cuida el medio ambiente y se generan rentas y empleos muy importantes para la economía del país y de las zonas rurales además de ser la base de la industria agroalimentaria.
Ya es hora de reivindicar los beneficios del sector agrario y ponerlos en valor. Si la sociedad no lo hace así, nadie debería extrañarse de que el sector se agite y proteste. Y de que la España interior se siga vaciando.
