R. DEx, Sucesos, Badajoz.– La Guardia Civil ha investigado a siete vecinos de Badajoz por su supuesta implicación en la sustracción de más de 1.000 kilos de uva de una explotación agrícola de Valdebótoa.
Los hechos comenzaron a finales de julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se estaban produciendo robos de una variedad concreta de uva en una finca de la pedanía pacense. El total de lo sustraído alcanzó los 1.050 kilos, valorados en unos 5.000 euros.
En el marco de los controles de vigilancia, el Equipo ROCA sorprendió en dos ocasiones a vehículos sospechosos en el interior de la finca. Al detectar la presencia de los agentes, los ocupantes emprendieron la huida, abandonando en el lugar parte de la mercancía ya recolectada y dispuesta en cajas: unos 200 kilos de uva.
En una de las actuaciones, se interceptó un turismo ocupado por cinco vecinos de Badajoz, miembros de una misma familia, todos con antecedentes por hechos similares. La investigación permitió identificar además a otros dos coautores.
A los siete implicados se les instruyeron diligencias por la sustracción de los 1.050 kilos de uva, que presuntamente habrían tratado de vender de manera clandestina en mercadillos de la capital pacense. Las diligencias ya están en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.
Lupa DEx
Lo ocurrido en Valdebótoa no es un hecho aislado. Los robos en el campo —ya sea de uvas, aceitunas o almendras— siguen golpeando con fuerza a los agricultores extremeños. Para quien los sufre, no es solo una pérdida económica directa: es también la sensación de desamparo, de trabajar durante meses para que una cuadrilla de oportunistas se lleve en unas horas el fruto de tanto esfuerzo.
La reiteración de estos delitos, protagonizados en muchos casos por personas con numerosos antecedentes, evidencia un problema estructural: falta de medios de vigilancia suficientes en las zonas rurales y una respuesta judicial que rara vez disuade a los reincidentes.
Mientras tanto, el agricultor queda solo ante el campo y ante el riesgo. Urge un compromiso firme de las administraciones para reforzar la seguridad agraria, endurecer las penas a los reincidentes y garantizar que el trabajo honrado no se convierta en el botín fácil de quienes viven del hurto.
