Juan Preciado para Digital Extremadura, Jarilla, 21 de agosto de 2025.- El incendio forestal de Jarilla sigue activo y mantiene el nivel 2 de peligrosidad. A última hora de este miércoles, el balance oficial confirma 16.780 hectáreas arrasadas y un despliegue de 481 efectivos en labores de extinción. La magnitud de las llamas convierte este episodio en uno de los más graves del verano en Extremadura.
Entre los recursos movilizados destacan 26 unidades de bomberos forestales, 19 medios aéreos y ocho maquinarias pesadas, además de la participación de técnicos, agentes medioambientales y efectivos de la Diputación de Cáceres, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Ministerio de Transición Ecológica y de varias comunidades autónomas. También colaboran equipos internacionales llegados desde República Checa, Alemania y Eslovaquia, junto a efectivos de Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja y el 112.
Tecnología y drones al servicio de la extinción
La Guardia Civil ha desplegado su Unidad Especial de Drones y Anti-Drones (UAS C-UAS), junto con un Equipo Pegaso territorial. Su misión consiste en coordinar los vuelos de drones autorizados y controlar la zona para evitar operaciones no reguladas que pongan en riesgo la seguridad.
Estos dispositivos de última generación, equipados con cámaras térmicas e infrarrojas, permiten detectar focos de calor y elaborar mapeos del terreno en tiempo real, proporcionando a los equipos sobre el terreno datos precisos para actuar con mayor seguridad y eficacia.
El fiscal jefe de Medio Ambiente apunta responsabilidades
Más allá de la lucha contra el fuego, la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha puesto el acento en la falta de planes de prevención. En un escrito remitido el pasado lunes a todos los fiscales provinciales, el fiscal jefe Antonio Vercher advierte que “la situación que en este momento estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, a la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios”.
El documento insta a comprobar la existencia de dichos planes en los municipios afectados y a exigir responsabilidades penales en los casos en que se incumpla la Ley de Montes de 2003. “De lo contrario no se explica lo que está pasando”, sostiene Vercher.
El fiscal también recuerda que los incendios rara vez tienen una sola causa y que a menudo entran en juego factores políticos y sociales que enturbian la objetividad del análisis. Pese a ello, insiste en que el Ministerio Fiscal está obligado a actuar con imparcialidad y firmeza.
Vox exige el nivel 3 de emergencia
En el plano político, la situación ha encendido la polémica. El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que decrete el nivel 3 de emergencia, lo que supondría declarar la catástrofe de interés nacional y transferir la coordinación de las actuaciones al Ministerio del Interior.
En un mensaje difundido en la red social X, Fernández Calle denunció la “manifiesta incapacidad del gobierno del PP de Extremadura para gestionar” unos incendios que calificó de “absolutamente descontrolados”.
LUPA DEx
El incendio de Jarilla vuelve a poner a Extremadura frente al espejo de una realidad incómoda: se reacciona, pero no se previene. La Fiscalía apunta a la ausencia de planes municipales contra incendios, y esa carencia no es un error menor: es la diferencia entre estar preparados o dejar que el territorio quede a merced de las llamas.
Cada verano arden miles de hectáreas, se ponen en riesgo vidas, economías familiares y un patrimonio natural único, mientras los gobiernos —autonómicos y estatales— se enredan en debates políticos sobre competencias y niveles de emergencia. Pero lo que falta no es discurso, sino una estrategia integral y sostenida en el tiempo: limpieza de montes, cortafuegos, reforestación adaptada al cambio climático, vigilancia permanente y apoyo económico a los pueblos que conviven con el riesgo.
La ciudadanía extremeña ya no puede resignarse a contar hectáreas calcinadas como si fueran estadísticas inevitables. Hay responsables políticos y técnicos que deben rendir cuentas cuando los planes de prevención brillan por su ausencia. Y hay una sociedad civil que reclama, con razón, transparencia, inversión real y coordinación eficaz.
Porque los incendios no se apagan solo con aviones y brigadas heroicas —que las hay y así lo reconocemos con nuestros apoyos y aplausos—, sino con planificación, voluntad política y respeto al medio rural. De lo contrario, Jarilla será una tragedia más en una larga lista que seguirá escribiéndose con humo, cenizas y promesas incumplidas.
