Badajoz, 14 de mayo de 2025.- La acusación popular, unificada bajo la plataforma Manos Limpias, ha solicitado formalmente a la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, la apertura de juicio oral y una condena de tres años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Además, exigen la devolución de los salarios percibidos durante su controvertida contratación por la Diputación de Badajoz.
El escrito de acusación detalla una cronología de hechos que abarcan desde la contratación de Sánchez en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios, hasta su desvinculación en febrero del presente año. La acusación popular, que también incluye a Vox y el PP, no solo apunta a David Sánchez, sino que también dirige sus dardos hacia el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, para quien solicitan la misma pena de prisión y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El núcleo de la acusación radica en la presunta irregularidad en la contratación de David Sánchez. Según el escrito, Sánchez habría tenido conocimiento previo de que el puesto de coordinador se había creado específicamente para él, y habría participado en las entrevistas a otros candidatos sabiendo que eran «un mero paripé». Se alega que, a pesar de no desempeñar habitualmente sus funciones, percibió el salario correspondiente.
La acusación popular sostiene que Sánchez habría utilizado sus influencias en la Diputación para obtener beneficios personales, incluyendo la adaptación de las condiciones de su puesto a sus preferencias y la creación de un nuevo puesto de trabajo «ilegal» bajo una nueva nomenclatura, permitiéndole dedicarse a la ópera sin la obligación de acudir diariamente a un despacho. Además, se le acusa de facilitar la contratación de Luis Carrero, ex asesor de Moncloa, quien habría sido contratado para auxiliarle directamente.
Las peticiones de pena son contundentes: un año y seis meses de prisión para David Sánchez por tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal, y otro año y medio por los mismos delitos en la contratación de Carrero. Además, se solicita la nulidad de las convocatorias de empleo y la devolución de los salarios cobrados.
En el caso de Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular sostiene que, dada su posición y conocimiento de los hechos, participó directamente en la contratación irregular de Sánchez y Carrero. Se le acusa de consentir la creación del nuevo puesto de trabajo para Sánchez sin los trámites legales correspondientes. Por ello, se piden tres años de prisión y 15 de inhabilitación.
Luis Carrero y Ricardo Cabezas, diputado de Cultura de la Diputación, también se enfrentan a peticiones de pena por su presunta participación en los hechos. La acusación popular solicita un año y medio de prisión y ocho de inhabilitación para Carrero, y un año y medio de prisión y seis de inhabilitación para Cabezas.
La decisión de la jueza Biedma de abrir o no juicio oral será crucial para el desarrollo de este proceso judicial que tanta expectación mediática y popular ha producido.
