La Asamblea de Extremadura ha aprobado en el pleno celebrado este jueves, la propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura instando a la Junta a adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro eléctrico en la región.
Esta propuesta ha sido defendida por la portavoz, Irene de Miguel, quien ha exigido a los poderes públicos que se pongan “del lado de los ciudadanos” y los defiendan “de los abusos de las grandes empresas eléctricas”.
Irene de Miguel ha preguntado que cómo es posible que “siendo una región exportadora neta de energía tengamos barrios y pueblos con cortes de luz” en los momentos que más se necesita, en pleno invierno y en pandemia, cuando “hay que extremar la higiene”.
“Los cortes de luz suponen la vulneración a una vivienda digna, a la salud, a la educación, a la alimentación”, ha aseverado, y ha insistido en que no “es de recibo que tengan a nuestros barrios y pueblos abandonados con instalaciones obsoletas y caducas”. No “es justo que las eléctricas criminalicen a los vecinos de estos barrios y pueblos y digan que los cortes se producen debido a plantaciones de marihuana o enganches ilegales”, ha señalado.
“Los poderes públicos deben ponerse del lado de los ciudadanos y defenderlos de los abusos de las grandes empresas eléctricas. La Junta tiene que mantenerlas a raya”. De Miguel ha pedido una solución temporal a estos cortes de luz hasta que se encuentre la definitiva.
Además, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura ha pedido a la Junta que haga una “inspección exhaustiva” y sancione a las empresas encargadas del suministro. También, ha exigido a las compañías que indemnicen a los usuarios que se han visto afectados.
“La relación entre energía y derechos humanos no puede someterse solamente por las reglas del mercado. Es necesario promover algún tipo de protección pública eficaz para garantizar este derecho y que no se vulnere más”, ha concluido.
CONTRATOS DEL TOMATE
También en este pleno y sobre otro asunto, Irene de Miguel ha pedido a la Junta de Extremadura que “no mire para otro lado” y evite que «se impongan precios abusivos” a los productores de tomate, “el eslabón más débil de la cadena». Ha propuesto que sólo aquellas empresas que cumplan con la Ley de Cadena Alimentaria puedan beneficiarse de las ayudas públicas, como por ejemplo los incentivos agroindustriales, ha señalado.
De Miguel ha exigido a la Junta que sea «contundente y tajante» ante las grandes empresas que «están abusando de su posición de dominio», y que no deje «abandonados» a unos agricultores que están «asfixiados y endeudados con los bancos».
