La LOGSE (1990) vino a consolidar el nuevo concepto de Educación Especial que había ido surgiendo en la década de los 80 tras promulgación de la Constitución (1978), la Ley de integración social del minusválido (LISMI 1982), el Real Decreto de ordenación de la educación especial (1985), la Ley Orgánica del Derecho la Educación (LODE, 1985) y la aplicación de los sucesivos Programas Experimentales de Integración (1986-1992).
La nueva idea de la Educación Especial se traducía fundamentalmente en la escolarización de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEEs) en centros ordinarios, excepcionalmente en centros o unidades de educación especial, y en la propuesta de un currículo común para todos los alumnos, abandonando la idea de un currículo específico para ACNEEs como había sido considerado hasta la fecha tras la Ley General de Educación (1970).
En el momento en el que se producen estas transformaciones, en Extremadura la atención a los ACNEEs se realizaba de forma muy dispar entre Cáceres y Badajoz. En el curso 89/90 existían 45 unidades de educación especial en la comunidad autónoma y varios centros de educación especial, en concreto, 14 centros de educación especial en Badajoz (la mayoría de ellos de titularidad privada) y 3 centros de educación especial en la provincia de Cáceres (PROA, San Pedro de Alcántara y Ponce de León).
Una de las medidas necesarias para hacer realidad el nuevo concepto de atención a los ACNEEs, fue la transformación de las unidades de educación especial en centros ordinarios en unidades de apoyo a la integración (Resolución de 15 de junio de 1989, de la Dirección General de Renovación Pedagógica del MEC).
Mientras que en la mayoría de las comunidades autónomas permanecieron algunas unidades de educación especial con carácter sustitutorio en zonas rurales, en Extremadura desaparecieron las 45 unidades que aún quedaban en el curso 1989-1990 en centros ordinarios.
En Cáceres, además de la supresión total de las aulas de educación especial, se sumó la eliminación de las unidades de atención a alumnos sordos que existían en el Colegio Público Extremadura, el cierre de la residencia de estos niños que existía en el Centro de Educación Especial Polivalente “San Pedro de Alcántara” y el cierre del propio Colegio Polivalente. Hechos que ocurrieron en 1989 y que fueron ratificados por Real Decreto 829/1989 de 7 de julio (BOE 11 de Julio de 1989).
La supresión radical de las aulas de educación especial en Extremadura tuvo una serie de consecuencias muy dispares entre Cáceres y Badajoz. Mientras que en Cáceres quedaban descubiertas las necesidades educativas especiales de muchos alumnos susceptibles de haber permanecido escolarizados en esta modalidad de escolarización, en Badajoz, la red de centros concertados de ámbito comarcal cubría en gran media estas necesidades y quedaba reforzada. Téngase en cuenta que tanto la Resolución de 1989 de transformación de las unidades de educación especial en centros ordinarios como la LOGSE (1990), la LOPEGCE (1995), junto al resto de normas posteriores, hasta las actuales (LOE, 2006 y LOMLOE, 2020), contemplaron la posibilidad de la coexistencia de centros de educación especial y unidades de educación especial en centros ordinarios.
La supresión total de unidades de educación especial en la provincia de Cáceres supuso algunas disfunciones. Por un lado, algunos alumnos que habían sido atendidos de forma grupal en unidades de educación especial, se escolarizaron en grupos ordinarios que, además de ser numerosos, no contaban con los recursos y la experiencia necesaria como para responder adecuadamente a sus necesidades; y por otro lado, aquellos alumnos que no contaban con recursos en sus zonas alejadas de Cáceres o de Plasencia, debían recurrir a su escolarización en internado desde muy temprana edad (en el caso de su escolarización en el Colegio PROA de Cáceres) o bien recorrer grandes distancias para escolarizarse en el Colegio Ponce de León de Plasencia.
Álvaro Marchesi en 1991, por entonces, Director General de Renovación Pedagógica del MEC, remitió una carta a las Direcciones Provinciales señalando literalmente:
“He tenido conocimiento de que han surgido algunos problemas en la interpretación de la Resolución de 15/06/1989 por la que se establecen las orientaciones a seguir en el proceso de transformación de las unidades de educación especial en centro ordinarios de EGB. Al parecer en algunos casos de distintas Direcciones Provinciales, los alumnos que venían formado parte de la unidad de educación especial han sido distribuidos sin más en los cursos que por su edad les corresponde recibiendo tan solo una atención puntual por parte del profesor de apoyo, lo cual ha producido algunos problemas en el funcionamiento de los centros y en la atención a dichos alumnos (…).”
Parece que en Cáceres la recomendación de Álvaro Marchesi ya llegaba tarde y se había producido un panorama desolador en cuanto a la existencia de recursos especializados en zonas alejadas de Cáceres y Plasencia. Situación que se prolongó durante muchos años. El jueves 3 enero 2008, el corresponsal Eloy García del Periódico HOY se hacía eco de esta situación:
“Las manecillas del reloj llegan al siete y suena el despertador. Juan, que aún no ha cumplido los nueve años de edad, ha de levantarse cuando ni siquiera ha salido el sol para acudir al centro de educación especial Ponce de León, ubicado en Plasencia, que junto con el de la ciudad de Cáceres son los únicos de este tipo en la provincia. A esta hora comienza su particular odisea, similar a la de numerosos niños más de la zona, quienes han de cubrir un trayecto de ida y vuelta de 180 kilómetros, intrincadas carreteras, mala climatología y el propio peligro del tráfico aparte. Hasta las cinco y media de la tarde no estará de vuelta en su casa. Y así todos los días lectivos.”
Los responsables educativos en los distintos gobiernos de la Consejería de Educación han sido conocedores de esta disfunción, pero nunca fue bueno el momento para para afrontar esta realidad.
En el I Congreso Regional “Las Necesidades Educativas Especiales: Situación actual y retos de futuro (2003)”, el Director General de Formación Profesional y Promoción Educativa, en una de las ponencias Marco Titulada “La atención a las necesidades educativas especiales en la Comunidad Autónoma de Extremadura”, constataba la necesidad de abordar algunos retos de futuro entre los que se encontraba la prioridad de abordar la disparidad de recursos entre provincias, que a su juicio era producto de la ausencia de competencias en materia de educación, lo que hacía que cada provincia dependiente del MEC se organizara de forma independiente, y también la necesidad de aprobar una normativa que permitiera plasmar a nivel regional las necesidades en materia de atención a la diversidad derivadas del Plan Regional de Atención a la Diversidad en Extremadura del año 2000.
A pesar de las buenas intenciones y de las promesas legislativas, esas iniciativas, salvo la Orden de 27 de febrero de 2004 que regula la respuesta al alumnado con superdotación, nunca llegaron a superar el rango de instrucción.
Además de los infructuosos intentos reguladores anunciados tras la aparición del Plan Regional de Atención a la Diversidad en Extremadura del año 2000, se han sucedido otros intentos, pero ninguno ha culminado con la redacción de una normativa legal integral que permitiera, por un lado, unificar criterios de actuación en ambas provincias y, por otro lado, subsanar la deficitaria situación que la provincia de Cáceres ha venido arrastrando a lo largo de los años.
La Ley de Educación de Extremadura (LEEX, 2011) y el Plan Marco de Atención a la Diversidad (2011), supusieron un marco legislativo y teórico adecuado que hubiera permitido la elaboración de un Decreto de Atención a la Diversidad capaz de poner orden en la caótica y deficitaria situación. Sin embargo, en Julio de 2011 el gobierno de Extremadura pasó a manos del PP y, por lo tanto, las supuestas motivaciones legislativas de los sucesivos gobiernos del PSOE quedaron truncadas. Sin duda hubiera sido un buen momento para haberlo abordarlo por el compromiso demostrado por D. Antonio Tejero (Director General de Calidad y Equidad Educativa) y por D. José Luis Ramos Sánchez (Jefe de Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad).
Del periodo de gobierno popular (2011-2015) datan las únicas iniciativas legislativas de rango superior dedicadas a regular algunos aspectos de la Educación Especial en Extremadura. La ORDEN de 6 de julio de 2012 por la que se crean aulas abiertas especializadas de Educación Especial en centros ordinarios. El Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la Orden de 12 de febrero de 2015 por la que se regula la organización y funcionamiento de las aulas especializadas para el alumnado con trastornos del espectro del autismo (TEA). Esta última Orden venía a regular el funcionamiento que las aulas especializadas para alumnos TEA que habían sido promovidas por Antonio Tejero en el anterior gobierno socialista. A pesar de que estas disposiciones no consiguieron reorganizar de forma integral la atención a los alumnos con NEE, permitieron crear en la provincia de Cáceres algunos recursos especializados en centros ordinarios repartidos por la geografía provincial.
En el año 2015 vuelve a conseguir su segundo gobierno Guillermo Fernández Vara al frente del partido socialista. Durante este mandato, el Secretario General de la Consejería de Educación, aseguró que el Decreto de Educación Inclusiva, que estaba preparando la Consejería de Educación y Empleo, sería aprobado “lo antes posible, antes de que finalice esta legislatura”. Anuncio que fue publicado en el portal de noticias e la Junta de Extremadura el viernes 18 de enero de 2018. Por lo tanto, el texto del Decreto estaba avanzado y algunos colaboradores tanto de la Consejería de Educación, como de las dos Direcciones Provinciales y algunas asociaciones profesionales, habían estado colaborando en su revisión al menos desde 2017. Pero en 2019 se acababa la legislatura y el Decreto de Inclusión fue devuelto al fondo de los cajones de la Consejería.
Las Órdenes de creación de aulas abiertas y aulas especializadas para alumnos TEA han supuesto un parche ante una situación deficitaria que se ha prolongado en Cáceres desde hace ya más de 30 años. A esta situación deficitaria hay que añadir la demora de la construcción de un nuevo centro de educación especial en Cáceres con el fin de renovar las obsoletas instalaciones actuales. Pero como muchas cosas en esta tierra, el tren casi nunca llega a tiempo. La construcción del nuevo centro de PROA, prometido por acuerdo entre la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Cáceres y la Caja de Extremadura desde hace ya más de 10 años, llega ahora en un momento de replanteamiento del nuevo papel que según la LOMLOE (2020) deben asumir los centros de educación especial como centros de recursos y de apoyo a la inclusión educativa de los ACNEEs.
La regulación de la atención a los ACNEEs en el contexto de la inclusión educativa en Extremadura sigue siendo una prioridad que no puede demorarse otros treinta años. La normativa pendiente debería partir de una participativa y profunda evaluación de la situación actual; y tener en cuenta, entre otros asuntos, las recomendaciones internacionales sobre inclusión educativa, el replanteamiento del papel que los centros de educación especial deben jugar en este contexto de inclusión, la dotación de recursos especializados en las zonas rurales, la dotación de recursos que permitan hacer una efectiva inclusión del alumnado en etapas postobligatorias y la realización de una adecuada y equilibrada distribución entre todos los centros del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, debería realizarse una detallada reflexión acerca del papel que podrían jugar en los centros educativos los especialistas en terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, neuropsicología, enfermería y otros técnicos en integración y atención a personas en situación de dependencia.
Andrés García-Gómez
Profesor Jubilado
