R. DEx, Cáceres, 31 de marzo de 2025.- La Fiscalía de Extremadura refrozará la protección de los profesionales sanitarios y docentes frente a las agresiones que sufren en el ejercicio de sus funciones.
Este lunes, 31 de marzo, el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, anunció la implementación de la Instrucción 1/25, mediante la cual estos actos serán tratados como delitos de atentado contra funcionarios públicos, contemplando penas de prisión de seis meses a tres años según el Código Penal.
El anuncio, realizado junto con Evelio Robles y Pedro Hidalgo, presidentes de los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz respectivamente, responde al aumento preocupante de agresiones a sanitarios en España.
Según datos de la Fiscalía, el país registró el año pasado 847 casos, de los cuales un 43,5% no fueron denunciados. En Extremadura, el panorama es aún más alarmante: con 38 casos reportados en 2024, la tasa regional de 5,80 agresiones por cada 100.000 médicos es más del doble de la media nacional.
La Respuesta Penal: Un Punto de Inflexión
La Instrucción 1/25 busca garantizar que estas agresiones sean tratadas como delitos graves, asegurando el cumplimiento riguroso de la ley. Montero explicó que se establecerán pautas claras para los fiscales, promoviendo el seguimiento exhaustivo de estas causas y evitando que las agresiones queden impunes. Además, se pretende que las penas impuestas tengan un efecto ejemplarizante y disuasorio.
El reconocimiento del personal sanitario como funcionarios públicos eleva la gravedad de estas agresiones, las cuales incluirán acometimientos, intimidaciones graves y otros actos previstos en el artículo 550 del Código Penal. Los profesionales sanitarios, especialmente en el entorno de atención primaria donde se producen el 79% de los casos, recibirán mayor amparo legal.
El Compromiso de los Colegios Médicos
Los representantes de los colegios médicos de Extremadura señalaron que esta instrucción marca un antes y un después en la protección a los sanitarios. Pedro Hidalgo destacó que, aunque muchas agresiones se producen en entornos rurales y no se denuncian por miedo o aislamiento, es fundamental que estos casos no queden impunes. Asimismo, pidieron apoyo a la Consejería de Salud para garantizar la protección laboral de los médicos, públicos y privados.
Con este esfuerzo conjunto entre la Fiscalía, los colegios médicos y sindicatos, se busca cambiar la percepción de la ciudadanía frente a las agresiones a sanitarios. «Estas no son faltas leves, son delitos que deben castigarse», subrayaron las autoridades. El objetivo es claro: reducir estas conductas y devolver la confianza a los profesionales de la salud, quienes desempeñan una labor vital para la comunidad.
