En España, la inseguridad alimentaria es una realidad que afecta a una parte importante de la población, aunque
muchas veces se diluye en el debate público entre cifras, informes y discursos sobre hábitos de consumo. Según
datos recientes, el 43 % de los jóvenes consumidores desconoce la existencia de alertas alimentarias, una cifra
que deja en evidencia un problema mayor: el acceso desigual a la información y a una alimentación segura y de
calidad.
El desconocimiento sobre alertas alimentarias no es un tema menor. Supone que un porcentaje significativo de la
población no cuenta con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre lo que consume. En
un país donde la crisis económica y la inflación han elevado el precio de los alimentos, la seguridad alimentaria
no solo debe garantizar que los productos sean seguros, sino que sean accesibles para todos. Sin embargo, el
escenario actual demuestra que esto no siempre ocurre. Familias que antes podían permitirse una dieta
equilibrada ahora deben optar por productos más baratos y de menor calidad nutricional, lo que a largo plazo
tiene implicaciones en la salud pública.
España ha sido históricamente un referente en la producción de alimentos de calidad, con una industria
agroalimentaria fuerte y un sistema regulador que ha evolucionado con los años. Pero los cambios en el mercado
y la globalización han traído consigo nuevos desafíos, como la gestión de alertas sanitarias y la trazabilidad de
los alimentos. Cuando los consumidores no tienen acceso a esta información o no saben interpretarla, se genera
un problema de confianza en el sistema y una mayor vulnerabilidad ante posibles riesgos alimentarios. Como se
destacó en el Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Calidad, “es fundamental reforzar la comunicación
de alertas y garantizar la transparencia en la cadena de suministro para fortalecer la confianza del consumidor”.
La falta de educación alimentaria es otro factor que agrava esta situación. En un contexto donde la publicidad y
los reclamos nutricionales influyen enormemente en las decisiones de compra, la capacidad crítica de los
consumidores se ve limitada. Esto se traduce en una dependencia de etiquetas y sistemas de clasificación
nutricional que, en algunos casos, pueden ser más confusos que esclarecedores. Un ejemplo claro es Nutri-Score,
el sistema de etiquetado frontal que, aunque diseñado para ayudar a los consumidores a elegir opciones más
saludables, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de expertos en nutrición y la industria alimentaria. La
reciente revisión de su sistema de puntuación refleja la necesidad de corregir inconsistencias que han generado
controversia, como la penalización excesiva de ciertos productos tradicionales saludables. Sin una regulación
adecuada, estos sistemas pueden generar una falsa sensación de seguridad y perpetuar un problema en lugar de
solucionarlo.
Pero la inseguridad alimentaria no se limita únicamente a la información o a los sistemas de etiquetado. El
acceso físico y económico a los alimentos juega un papel crucial en esta crisis. La inflación ha encarecido
productos básicos como frutas, verduras, carne y pescado, lo que ha llevado a muchas familias a sustituirlos por
alternativas más económicas pero menos saludables. A esto se suma la creciente presencia de «desiertos
alimentarios» en ciertas áreas urbanas y rurales, donde la disponibilidad de alimentos frescos es limitada, lo que
obliga a depender de supermercados con opciones restringidas o tiendas de conveniencia con productos de
menor calidad.
El impacto de esta situación no solo afecta a la nutrición de la población, sino también a la economía y al sistema
sanitario. Una alimentación deficiente contribuye al aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la
diabetes y los problemas cardiovasculares, lo que a largo plazo supone un mayor gasto en atención médica y una
disminución de la calidad de vida. En este sentido, las empresas del sector alimentario también tienen un papel
clave en la solución del problema, promoviendo productos más saludables, reduciendo el uso de ingredientes
nocivos y garantizando precios accesibles para los consumidores. Además, es crucial que estas empresas trabajen
en colaboración con el sector público y organizaciones especializadas para mejorar la educación nutricional y
fomentar hábitos de consumo más responsables.
Las políticas públicas tienen la responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su nivel
socioeconómico, tengan acceso a una alimentación digna. Esto implica no solo regular precios y fomentar una
producción sostenible, sino también invertir en educación alimentaria desde edades tempranas y mejorar los
sistemas de alerta y transparencia en la cadena de suministro. Además, es imprescindible reforzar los programas
de apoyo a los sectores más vulnerables, asegurando que el derecho a una alimentación adecuada no dependa de
la capacidad económica de cada individuo. En este sentido, resulta clave la implementación de programas de
distribución de alimentos saludables en escuelas y comedores sociales, así como incentivos a pequeños
productores para fomentar una oferta de calidad a precios asequibles.
La educación alimentaria debe formar parte de la enseñanza desde la infancia, promoviendo conocimientos sobre
nutrición, consumo responsable y la importancia de una dieta equilibrada. La colaboración entre instituciones
educativas, administraciones públicas y el sector privado puede contribuir a que los ciudadanos adquieran
herramientas para tomar mejores decisiones respecto a su alimentación. Además, la digitalización y el acceso a
la tecnología pueden desempeñar un papel importante en la difusión de información sobre seguridad alimentaria
y nutrición, acercando estos conocimientos a un público más amplio.
En un país donde la gastronomía es un pilar cultural y social, no podemos permitir que la inseguridad alimentaria
siga avanzando como un problema silenciado. La solución no pasa solo por reformular etiquetas o ajustar
algoritmos de puntuación nutricional, sino por una estrategia integral que contemple educación, accesibilidad y
equidad. Solo así podremos garantizar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de tomar decisiones
informadas y acceder a alimentos seguros y saludables, sin que la calidad de su alimentación dependa de su nivel
de ingresos o de su capacidad de interpretar un sistema de etiquetado en constante revisión
