La Junta de Extremadura pagará en la nómina de julio el incremento salarial del 0,5% a sus empleados públicos, conforme a lo aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que este ajuste, previsto desde principios de año, se financiará íntegramente con fondos autonómicos ya presupuestados, sin aportación del Gobierno central. La medida supondrá una inversión de 25,5 millones de euros.
Una subida esperada… y autonómicamente asumida
R. DEx, Mérida, 2 de julio de 2025.- El aumento salarial del 0,5% forma parte del acuerdo estatal firmado en 2022 entre el Gobierno de España y los sindicatos UGT y CCOO, dentro del llamado Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Sin embargo, su aplicación se ha visto retrasada debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado.
“Esto se podía haber pagado en los primeros meses del año, pero el Gobierno de Sánchez lo condicionó a los Presupuestos. Finalmente, el ministro de Función Pública se ha desdicho y lo han aprobado en julio”, ha afirmado Elena Manzano con tono crítico durante su comparecencia.
Distribución del gasto: el SES, el mayor beneficiario
La consejera ha detallado el reparto de los 25,5 millones de euros:
- 11 millones para el personal del Servicio Extremeño de Salud (SES).
- 7,9 millones destinados al personal docente.
- 6,6 millones para los trabajadores de la Administración General.
Esta retribución extraordinaria se reflejará en la nómina de julio, con una media de 12 euros más al mes, además de 216 euros en concepto de atrasos desde el 1 de enero de 2024.
Con esta actualización, los empleados públicos extremeños verán una subida acumulada del 2,5% en 2024, uniendo el 2% pactado previamente al 0,5% adicional ahora desbloqueado.
Críticas a la falta de previsión estatal y dudas para 2025
Más allá del anuncio, Manzano ha querido marcar perfil político y ha lanzado un aviso sobre el futuro inmediato: “¿Qué va a pasar con la subida salarial de 2025? Nosotros ya hemos presupuestado un 2%, pero dependemos de que el Gobierno de España lo autorice”.
Ha emplazado además a los agentes sociales a movilizarse a nivel nacional con la misma intensidad con la que se exigió el cumplimiento del acuerdo de 2022: “¿Dónde están las negociaciones para 2025? ¿Dónde están los sindicatos exigiendo lo que ya debería estar sobre la mesa?”
COMENTARIO EDITORIAL | DEx
Responsabilidad autonómica, incertidumbre estatal
Lo que debería ser un trámite pactado se ha convertido en un pulso institucional. La Junta ha cumplido con sus empleados públicos —eso es un hecho—, pero lo ha hecho sola, con fondos extremeños y sin el respaldo económico del Gobierno central. El gesto político está ahí, envuelto en cifras: 25,5 millones que salen del presupuesto regional para compensar una demora nacional.
Pero más allá del cruce de reproches entre administraciones, hay algo más de fondo: el hartazgo de unas plantillas que viven a la espera de cada Consejo de Ministros para saber cuánto valdrá su trabajo. No puede ser que un acuerdo firmado en 2022 aún esté goteando efectos dos años después. Ni que las subidas futuras sigan en el aire como si fueran una moneda de cambio electoral.
El sueldo de un maestro, un médico o un administrativo no puede depender de si hay o no presupuestos. La estabilidad del empleo público no puede seguir siendo rehén de la incertidumbre política. Porque lo que se cobra con retraso, también se valora con desconfianza.
